El sistema de becas aleja de los másteres a alumnos sin recursos

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

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Vaya por delante una precisión, para que no haya confusiones: el sistema universitario español prevé dos modalidades de estudios de segundo nivel, el máster oficial y el máster o posgrado propio de cada universidad. Solo los primeros, los oficiales, que capacitan al alumno para ejercer una carrera profesional o para iniciar una actividad investigadora, están regulados por la Administración, que marca un precio público al que deben atenerse las universidades. Los otros, los másteres propios, que sirven para que el estudiante se especialice en alguna disciplina concreta, se rigen por la ley del libre mercado, por lo que el precio lo fija cada facultad -o incluso, cada director de máster- en función, entre otros criterios, de la demanda y la reputación que tienen los estudios. Algunos de estos títulos alcanzan ciertamente precios astronómicos.

Pese a la regulación que en Catalunya ejerce la Generalitat sobre los másteres oficiales, estas titulaciones de segundo nivel universitario pueden llegar a ser hasta un 80% más caras que los estudios de grado (o primer nivel). De ahí que el anuncio del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de modificar la estructura de los estudios universitarios haya generado tantas críticas por su impacto económico. Por mucho que Wert asegure que la medida supondrá un ahorro para las familias (de 150 millones de euros, dijo el ministro), los actuales cuatro años de grado y uno de máster salen mejor de precio que el plan de tres años de grado y dos de máster que quiere implantar Wert.

LOS PRECIOS PÚBLICOS

En concreto, el decreto 92/2014, que es el que está actualmente en vigor, establece que los estudios de grado deben tener un coste para el alumno de entre 19,6 y 39,5 euros por crédito en función de su grado de experimentalidad. El precio de los másteres oficiales puede variar entre los 41,1 y los 65,8 euros por crédito. Eso significa que un máster oficial puede llegar a costar, el más caro, hasta 3.952 euros.

Pero más que el encarecimiento de las matrículas, lo que verdaderamente preocupa a los estudiantes y a sus familias es la pérdida de equidad, el desequilibrio que puede producirse entre alumnos con recursos y alumnos sin dinero, si la reforma de los grados y los másteres no va acompañada de una revisión a la baja de las tasas y, sobre todo, de una modificación drástica del actual sistema de becas.

Y es que, ahora mismo, la Generalitat no cuenta con ningún tipo de ayuda oficial para que los estudiantes con menos recursos puedan sufragar sus estudios de máster, confirmaron ayer fuentes de la secretaría de Universitats. Las becas de equidad, creadas por la Conselleria d'Economia i Coneixement hace tres años para compensar al alumno, en función de su renta, por la subida de precios universitarios, están concebidas para que puedan acogerse a ellas estudiantes de grado. Solo. Los de máster no entran, de momento, en la convocatoria.

En todo caso, recordaron las mismas fuentes, el secretario de Universitats, Antoni Castellà, que el lunes se reunirá con los rectores, se ha comprometido esta semana a velar para que el impacto económico de la reforma del 3+2 sea el menor posible, tanto para los alumnos como para las universidades.

Las becas para estos estudios son competencia del Ministerio de Educación, que ha impuesto en los últimos años unas condiciones draconianas. El estudiante que opte a una ayuda general para cursar un máster debe de acreditar, en primer curso, que tiene una nota media de 7 (de 6,5 para los másteres profesionalizadores), cuando en los grados basta con haber sacado una media de 5,5 el curso anterior. Para el segundo año de máster, además de una nota mínima de notable, el becado debe haber aprobado el 100% de las asignaturas matriculadas el año anterior, explicó también ayer una portavoz del ministerio.

El agravio comparativo en relación a los estudiantes no becados es evidente. Estos últimos pagan la matrícula, pero esta solo cubre una parte mínima del coste de su formación: el resto proviene del dinero público, aquí sin la exigencia de un 7.