El Síndic insta a frenar el problema «real» de la malnutrición infantil

«Ya me gustaría decir que el problema de la malnutrición infantil es falso, pero la realidad está ahí, los datos son conocidos y no es el informe del Síndic de Greuges el que los descubre», afirmó Rafael Ribó al presentar a los grupos del Parlament su reciente estudio, publicado a principios de mes, en el que constataba y denunciaba que 50.000 niños menores de 16 años en Catalunya sufren carencias alimentarias por motivos económicos. Ribó instó al Gobierno de la Generalitat y a los partidos a dejarse de polémicas y a avanzar juntos «con serenidad» para encontrar soluciones. «No es, ni mucho menos, la primera vez que algún estudio les informa», añadió. Si no actúan, les dijo, estarán defraudando a la sociedad, «que es lo que les exige».

Ribó compareció ante la Diputación Permanente del Parlament a petición de CiU y ERC. Ambos grupos lo habían solicitado después de que la presentación del informe ocasionara una agria controversia sobre la magnitud del problema y las causas. Ayer, el Síndic insistió con tono crítico: «A pesar de los esfuerzos de las administraciones, hay déficits en las políticas públicas». Aunque todos los grupos de la oposición asumieron que el problema existe y que se han de tomar medidas para erradicarlo, la diputada convergente Meritxell Borràs consideró que el Síndic estaba contribuyendo a crear una «alarma»: «Una cosa es un riesgo real -le respondió-, y otra, la

realidad».

«Esto es un tema de país y evidenciarlo no es un ataque al país», respondió enojado Ribó. Previamente, el Síndic había recordado ejemplos -«recibimos varios cada día»-, como el de las parejas con hijos que de repente se quedan sin ingresos y no reciben la renta mínima. O el de las familias que, por vergüenza, son reacias a reconocer que pasan hambre. Ribó consideró «casi diabólico» negar la existencia de esta situación «que han documentado numerosas entidades sociales y hasta el mismo Gobierno de la Generalitat a través del Pacto por la Infancia».

Borràs, la más beligerante con el Síndic, insistió en que la Societat Catalana de Pediatria había desmentido que hubiera carencias alimentarias en los niños de Catalunya. Y en términos parecidos, prosiguió, se pronunció el conseller de Salut, Boi Ruiz. «La pobreza existe y nos preocupa -afirmó Borràs-, pero hay una red social que mitiga la desnutrición. No hay hambre en Catalunya». Además, la diputada afeó al Síndic que «dé a entender que la malnutrición es por culpa de los recortes de este Gobierno».

El Síndic pidió que no se confundan los conceptos de «desnutrición», una carencia general de alimentos, y «malnutrición», o déficits en algunos alimentos (alimentación desequilibrada). «En Catalunya no hay un problema estructural de desnutrición, sino solo casos puntuales», dijo Ribó, y aclaró que todos los datos presentados en su estudio fueron extraídos de fuentes contrastables.

MÁS RIESGO DE POBREZA / «No pretendo demostrar nada porque ya está demostrado. El Síndic no hace ningún trabajo de campo», dijo. En este sentido, explicó que la cifra de 50.000 niños con malnutrición se obtuvo del Institut d'Estadística de Catalunya, y que el Departament de Salut le envió un informe donde constataba que se habían detectado 751 casos de niños que presentaban un diagnóstico relacionado con la desnutrición, sin especificar causas. «Esa cifra por sí sola ya era motivo para que lo investigáramos», arguyó.

Ribó recordó que el riesgo de pobreza infantil pasó de un 17,6% en el 2008 a un 26,4% en el 2011 y que un 16,6% de los menores catalanes viven en un hogar sin ningún ingreso, mientras que el año 2008 ese porcentaje era del 5,8 %. «La existencia de malnutrición infantil es el punto de partida, no la conclusión del informe. Instituciones y entidades debemos analizar cuál es el problema, qué estamos haciendo, hasta dónde llegamos y qué falta por hacer», subrayó el Síndic.

Entre las medidas propuestas, el informe pide que se reformulen o unifiquen los criterios con los que se otorgan las ayudas de becas de comedor escolar a través de los consejos comarcales y que se varíen los requisitos para acceder a la renta mínima de inserción (RMI) para adaptarlos a la situación actual.