Sanidad corregirá el decreto para que ningún español quede excluido

el Ministerio de Sanidad está dispuesto a hacer «correcciones» en el decreto ley de recortes urgentes que entró en vigor el martes y que determina que los titulares de una tarjeta sanitaria han de ser «asegurados» en vez de «ciudadanos». Este último término es el que utilizaron la ley general de sanidad de 1986 y la de salud pública del 2011 para consagra rla universalidad de la sanidad pública española. Un portavoz ministerial aseguró ayer que el Gobierno aprovechará el trámite parlamentario del decreto ley para puntualizar que «todos los españoles sin excepción» tendrán derecho a la tarjeta sanitaria y a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, con independencia de su edad y de si cotizan o no a la Seguridad Social. La norma ha abierto interrogantes que el Gobierno dice estar dispuesto a aclarar en las próximas semanas.

«Quedará claro que todos los españoles, todos, tienen garantizado el derecho a la asistencia sanitaria gratuita y que la sanidad sigue siendo universal», subrayó el citado portavoz de Sanidad. La redacción del decreto, no obstante, abre la puerta a interpretaciones restrictivas al acotar a los «asegurados» -trabajadores, pensionistas, desempleados con prestación o que la hayan agotado- las personas con derecho a la sanidad pública completa.

CAMBIO RADICAL / De producirse las correcciones anunciadas ayer, estas deberán alterar el citado decreto, ya que, más que una norma dirigida a recortar gastos y hacer sostenible el sistema, que es lo que anunció la ministra de Sanidad el pasado viernes al presentarlo, el texto legal supone un vuelco en la concepción de la sanidad pública y sus beneficiarios. Así, el nuevo marco legal supone un cambio profundo del modelo vigente, al pasar de reconocer el derecho a la atención sanitaria para todos los españoles, a aludir a un sistema de aseguramiento basado en la afiliación a la Seguridad Social y de cuyo control se encargará el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La alarma ha saltado especialmente cuando al especificar quiénes tendrán derecho a las prestaciones sanitarias públicas, el texto dice que podrán «beneficiarse» de la tarjeta sanitaria los «hijos menores de 26 años» de sus titulares. Es decir, que aquellos mayores de esa edad que nunca hayan trabajado ni estén inscritos en el Inem no tendrían derecho a disponer de tarjeta, ni de asistencia. Los menores de 26 años, y los cónyuges sin trabajo, se convierten, según el decreto, en «beneficiarios» del cabeza de familia, si trabaja. Se deja sin cobertura sanitaria pública a las divorciadas que nunca han cotizado. Esto supondría recuperar el modelo asistencial de los años 70.

MUY POBRES / El decreto, cuya redacción ha dado lugar a gran confusión e inquietud, puntualiza asimismo que los mayores de 26 años que no hayan cotizado -porque no han encontrado un trabajo asegurado- únicamente podrán acceder a la sanidad pública si presentan documentación oficial que acredite que son pobres, que no tienen recursos suficientes para costearse un seguro médico privado. «Podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente», reza el decreto.

¿Y cuál es ese límite? Pues todavía se desconoce. «Disponemos de dos meses para desarrollar el articulado con las comunidades autónomas, y hay muchos puntos que clarificar», admiten fuentes de Sanidad. Junto a los mayores de 26 años sin empleo, el decreto puede dejar sin cobertura sanitaria a religiosos, profesionales liberales que no cotizan en el régimen general, discapacitados sin una minusvalía completa y todas aquellas personas que ejercen trabajos irregulares, como muchas empleadas de limpieza domiciliaria.