Rigau aprueba 'su' LOMCE

Cuatro días después de que hubiera terminado el curso escolar 2014-2015, el primero de la nueva ley orgánica para la mejora educativa (LOMCE), el 'Diari Oficial de la Generalitat (DOGC)' publicaba, el pasado 23 de junio, el decreto de ordenación de las enseñanzas de la educación primaria. O lo que es lo mismo, la norma que despliega la controvertida ley del ya exministro José Ignacio Wert en las escuelas catalanas. Eso sí, el texto apela en todo su contenido a la ley de educación de Catalunya (LEC) y, de forma puntual, a la LOE, pero no llega a pronunciar la palabra LOMCE en ninguna de sus 156 páginas.

La resolución, firmada al alimón por la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, confirma, entre otros asuntos espinosos, que los estudiantes de tercero de primaria tendrán que someterse a unas pruebas diagnósticas, una medida que este año ha sido muy contestada. También avala las pruebas de final de sexto de primaria, aunque en este caso, seguirán siendo muy similares a las que se realizan en Catalunya desde el 2009.

El decreto, publicado en el DOCG después de que el Ministerio de Educación hiciera un requerimiento a la 'consellera', esquiva, sin embargo, otras cuestiones peliagudas, como la organización del curso escolar por asignaturas troncales, específicas y de libre configuración. Para evitar la férrea compartimentación de la LOMCE, lo que hace Rigau es dividir el currículo en ámbitos de conocimiento, con lo que se diluye, por ejemplo, la separación entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que establece la 'ley Wert'. También se preserva la enseñanza artística, al unificar las materias de Música y Artes Plásticas y Visuales en un mismo ámbito.

Enfoque competencial

El objetivo es que los maestros, «herederos de la larga tradición pedagógica» de Catalunya, dice el decreto, apliquen «un enfoque competencial del currículo, lo que condiciona y orienta la manera de programar, las metodologías del aula, la evaluación, la forma de interactuar con el alumno y con los compañeros de profesión y con la organitzación escolar».

Antes de pasar a desarrollar los criterios de evaluación de los alumnos, el decreto de Ensenyament hace énfasis en que al «terminar la enseñanza obligatoria [la ESO], el sistema educativo en Catalunya ha de garantizar que todos los alumnos independientemente de su origen lingüístico familiar, tengan un pleno dominio de las dos lenguas oficiales». Y añade, aún en relación con el tema lingüístico, que es obligatorio «el conocimiento de, como mínimo, una lengua extranjera, con el objetivo de que se asuman las competencias básicas que se establecen en el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas».

El encaje de bolillos que hace Rigau en su decreto podría convertirse en modelo para otras comunidades autónomas que estos días están cambiando de gobierno y que ya han anunciado su intención de dejar en suspenso (en la medida de lo posible) la implantación de la LOMCE. Por ello, el grupo parlamentario socialista registró ayer mismo en el Congreso una petición de comparecencia del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con el fin de que dé cuenta de sus intenciones respecto a la LOMCE de su antecesor.

Catalunya tampoco ha aprobado aún -como Andalucía, Asturias, Canarias, Murcia, Navarra y el País Vasco- el decreto autonómico sobre la ESO y el bachillerato.