Treball solo ha concedido 5.000 de las 69.000 rentas ciudadanas solicitadas

Un año después de la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Govern solo ha aprobado el 7,3% de los expedientes nuevos. Son un total de 5.043 aceptados de un total de 69.000 solicitudes. El 'conseller' de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que la "anormalidad democrática causada por el 155" ha hecho imposible avanzar al ritmo deseado.  

A la ley, aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya, le falta el reglamento que permita su correcto despliegue. Se espera que, tras pactarlo con las entidades, los sindicatos y los entes municipales, que pueda estar listo antes de que termine el año. Según el 'conseller', la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno generó un parón de 10.000 expedientes, pero la intención es iniciar el nuevo año con el contador a cero y con un periodo máximo de respuesta de tres meses y medio. En un año, ha concretado El Homrani a modo de contexto, ha habido cerca de medio millón de solicitudes de información sobre la prestación. 

Baile de cifras

En números más o menos redondos, porque la rueda de prensa ha sido un baile de cifras, del total de 69.000 expedientes, se han valorado unos 49.000. De ellos, se han aprobado 5.043, se han denegado 36.000 y 5.350 personas han desistido. Siguen pendientes cerca de 19.000, de los que 10.000 provienen de los meses de aplicación del artículo 155. 

Sobre las denegaciones, entre el 60% y el 70% se deben básicamente a dos factores: sobrepasar el mínimo de ingresos mensuales o por incompatibilidades con las rentas del trabajo. El 'conseller' ha recordado que la media de la prestación ronda los 800 euros, 200 euros más que la anterior Renta Mínima de Inserción. 

Respecto al total invertido, el Govern asegura que este año se cerrará con 309 millones de euros, mientras que en el 2016 eran 228 millones. La cifra para este año, choca con el dato que se ofreció el pasado junio en una respuesta parlamentaria, en la que se detallaba que hasta junio, la cantidad ascendía a solo 115 millones. 

La visión de las entidades

Desde las entidades, la situación se valora desde el extremo opuesto. El portavoz de la comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Diosdado Toledano, asegura que a muchas personas les ha sido denegada la ayuda "por razones injustificadas". Sobre la apelación al 155, este extrabajador de la Seat reconvertido en activista social asegura que el director general de Economía Social de la Generalitat, Josep Vidal, presente en la rueda de prensa, les negó en una reunión celebrada el pasado febrero que la intervención del Estado hubiera tenido "efectos negativos sobre la gestión o resolución de los expedientes". Así queda reflejado en el acta de aquel encuentro.

Y sobre la necesidad de tener un reglamento para desplegar la ley, sostiene que, ante la emergencia de actuar cuanto antes, el redactado se hizo de tal manera que se pudiera desplegar "en un 80% o un 90% sin necesidad de tener el reglamento. 

Ya en los ocho primeros meses de entrada en vigor de la (RGC), Treball solo había concedido 1.500 nuevas prestaciones. A eso hay que añadir que antes de verano, según las entidades, solo se habían resuelto el 5% de las solicitudes. Cáritas habló entonces de "aplicación restrictiva y deficiente".

Según Toledano, el Govern no está cumpliendo la ley, que estipula que el dinero destinado a estas partidas no depende de los presupuestos anuales de la Generalitat, sino que, por decirlo de la más clara posible, debe conseguir el montante como buenamente pueda. La trampa, o eso afirma el portavoz de la comisión, es que "van tirando en función de una cierta cantidad que tienen previamente preconcedida" con las cuentas anuales.