La Religión no contará para la nota

La asignatura de Religión seguirá presente en las escuelas pero dejará de ser computable a nivel académico y no tendrá alternativa. A cambio, los colegios incorporarán una asignatura obligatoria de “valores cívicos y éticos” que haga hincapié en los derechos humanos, cívicos, tolerancia y no discriminación. Así explicó la ministra de Educación, Isabel Celaá, que evitó bautizar la nueva materia como Educación para la Ciudadanía (impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y anulada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy).

Durante su primera comparencia en el Congreso de los Diputados, Celaá dejó claro que al Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta la (controvertida) norma que impulsó en el 2014 el ministro del PP José Ignacio Wert: la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE). No se puede derogar (haría falta otra norma alternativa), pero muchos de sus artículos serán reformados “de manera urgente”. Los cambios, en todo caso, no serán tan rápidos como pretende el Ejecutivo porque al tratarse de una ley orgánica se exigirá el visto bueno del Parlamento.

Inmersión lingüística

Además de explicar la hoja de ruta de su mandato, Celaá dejó claro el "respeto absoluto" que su gabinete tendrá hacia las competencias autonómicas. Respecto a la inmersión lingüística en Catalunya -siempre criticada por los partidos de derecha- manifestó que los datos oficiales del ministerio corroboran que la competencia en lengua castellana de los alumnos catalanes es equivalente a la media del resto del Estado.

"Desconozco si hay abusos o vulneraciones, pero las cifras oficiales dicen que la nota media es similar", explicó. "Estos datos avalan que Catalunya cumple con la cooficialidad de las lenguas en cuanto a conocimiento y expresión de los alumnos", añadió la ministra tras defender que "la excesiva ideologización de unos y de otros debe ser abandonada a las puertas de la escuela".

Toque de atención

A quien sí dio un toque de atención fue a los colegios concertados que separan a niños y niñas y que, por lo tanto, no cumplen un principio básico de la educación: el de equidad. Son centros -la mayoría pertenecen al Opus Dei- que “contravienen la educación inclusiva y la coeducación”, subrayó. No especificó qué hará con ellos (mejor dicho, contra ellos) más allá de abrir un diálogo. El resto de centros concertados que sí cumplen con el principio de equidad (la mayoría, según la ministra) no tienen nada que temer, aunque la prioridad del Ejecutivo será, de largo, la escuela pública. “La escuela concertada será complementaria de las necesidades de escolarización. Pero la red pública tiene que ser el referente del sistema educativo”, detalló.

La LOMCE cambiará también para dejar de segregar a los alumnos a partir de los 13 años según su rendimiento académico. Celaá calificó la segregación precoz de "excluyente y clasista” porque condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento. La ministra anunció la desaparición de las reválidas contempladas en la norma del PP, que serán sustituidas por otras evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de la ESO. 

Otra manera de enseñar

Otro aspecto que también pretende impulsar Educación es el apoyo a los profesores, que tendrán menos alumnos por clase y cuyas bajas serán cubiertas con mayor celeridad que los 10 días que concede la actual normativa. Celaá aspira a que las escuelas empiecen a enseñar de otra manera menos rígida y menos memorística. "Hay que revisar el actual sistema, rígido y poco flexible. Tenemos que motivar a los alumnos [una generación de nativos digitales] para que aprendan a aprender”.

Celaá calificó de "estratégica en el modelo productivo y educativo" la Formación Profesional (FP), a la que pretende darle máxima importancia. Por último, anunció su intención de luchar contra el abandono escolar, especialmente ahora que el repunte de la economía puede atraer antes de tiempo a muchos jóvenes al mercado laboral no cualificado.