EFECTOS DE UN RECORTE

La reforma de la RMI deja fuera a por lo menos 25.000 personas

Cola para gestionar la RMI ante la Conselleria de Benestar Social.

Cola para gestionar la RMI ante la Conselleria de Benestar Social.

TONI SUST
BARCELONA

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La reforma de la renta mínima de inserción (RMI) ha dejado fuera de esta prestación a unas 25.000 personas desde que cambiaron las reglas para acceder a ella, en agosto del 2011. De ese total, 11.822 personas vieron denegada la ayuda y 15.376, extinguida. Probablemente, la cifra sea superior, pero solo con esos números se llega a una conclusión significativa: ya son más los expulsados o no admitidos por el cambio de las normas del juego que los titulares actuales de la prestación: 23.522 el pasado 1 de febrero. El Govern decidió que había que poner freno al gasto y estos fueron los resultados.

Los datos citados son del Ejecutivo catalán, aportados en respuesta a preguntas sobre la renta mínima de inserción formuladas por la diputada del PSC en el Parlament Eva Granados. Un oasis en el desierto, porque desde que el entoncesconsellerde Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, emprendió en el 2011 lo que definía como una amplia reforma de la RMI la opacidad ha sido casi total. Entonces, Mena sembró la duda del fraude por parte de muchos de los titulares. Un fraude que, según las entidades, no se demostró.

Empresa i Ocupació ha contestado a Granados y de sus respuestas se extraen conclusiones claras. Para empezar, la de que la prestación está bloqueada. Si el pasado 1 de febrero había 23.522 titulares, en septiembre pasado la cifra era de 23.353. Apenas ha habido mínimos movimientos de entrada y salida. De enero a agosto del 2012 la cifra se mantuvo entre 24.000 y 24.500 personas. Otra conclusión: el Govern apenas ha logrado colocar laboralmente a los titulares de la RMI. Un objetivo ciertamente complicado, pero exactamente el que anunció con su firmeza habitual Mena en enero del 2012, cuando dio por hecho que 6.000 de los titulares lo dejarían de ser durante el año al encontrar trabajo. No fue así.

Según las respuestas del Govern a Granados, el coste de la RMI experimentó la siguiente evolución en los últimos seis años, sin contar el actual: 71 millones de euros en el 2007, 76 millones en el 2008, 109 millones en el 2009, 159 millones en el 2010, 172 millones en el 2011 y 129 millones en el 2012. Es decir, la cifra fue creciendo a partir del inicio de la crisis. Entonces, y hasta el 2011, la partida era abierta: a más necesidad, más presupuesto, y todo aquel que reuniera las condiciones percibía la prestación. A partir del 2012 la partida es cerrada: cuando se acaba el dinero, se deja de conceder la prestación, incluso a gente que reúne esos requisitos.

RECORTE O REFORMA / Como se aprecia, el punto de inflexión que supuso la reforma llevó a una reducción del gasto del 2011 al 2012 de 42 millones de euros. Al final, la reforma es ese recorte, amén del traslado total de la prestación a Empresa i Ocupació. Benestar ya no tiene nada que decir al respecto. De los casi 130 millones del 2012, Mena aseguró que 100 serían para pagar la prestación y 30 millones para generar ocupación. Al final pagó los 130 en ayudas y afirmó que eso era lo previsto.

EN EL LIMBO / Una de las claves de la modificación de la RMI fue la de cerrar la partida. Eso ha llevado a una situación compleja. Muchas personas se encuentran en un limbo indeseable. Cumplen con los requisitos de la RMI pero cuando acuden a una entidad o un ayuntamiento se topan con que el técnico de turno les dice que la herramienta informática no les permite concedérsela. Además, eso no genera un derecho a cobro, porque otra de las nuevas normas que se impuso en relación con la RMI fue que ya solo hay que pagar un retraso de dos meses a quien teniendo derecho se pase un periodo sin percibir el dinero. Antes, todos los meses de espera acumulados desde el reconocimiento se pagaban.

Además de la cifra desconocida de los que viven en este peculiar limbo hay que tener en cuenta a un grupo más evidente: el de aquellos cuyos expedientes están o estaban por revisar. A Granados el Govern le respondió la pregunta de cuántos son. En concreto, las solicitudes no resueltas en diferentes fechas eran estas: 10.185 solicitudes no resueltas en diciembre del 2011; 8.708 solicitudes en julio del 2012; 4.611 en diciembre del 2012, y 3.914 en febrero pasado.