REGULACIÓN ABORTADA

Rajoy recurre contra el ineficaz decreto de la pobreza energética

TONI SUST / BARCELONA

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Hay gente en Catalunya que está convencida de que a los ciudadanos que no tienen dinero para pagar la factura de la luz ya no se les corta el suministro. Y conviene que se sepa que eso no es verdad.

Hace 10 meses, el Gobierno catalán aprobó un decreto que pretendía ofrecer cobertura a las familias vulnerables para combatir lo que se conoce como pobreza energética. Se trataba de aplazar el pago de la deuda asociada a los meses más fríos, de noviembre a marzo. Pero las condiciones son tan restrictivas que a la medida tan solo pudieron acogerse 500 personas, como máximo el 0,5% de los afectados, según datos del Ejecutivo autonómico. Además de eso, el decreto se ha revelado ineficaz porque los afectados solo ven aplazada su deuda, lo que retrasa el problema pero no lo resuelve.

Pese a todo ello, pese a que el decreto es prácticamente inútil, pese a que solo se han podido acoger a él medio millar de los al menos 100.000 afectados (hay quien cuenta hasta 300.000, son estimaciones), al Gobierno central le parece que amenaza los ingresos de las eléctricas y la unidad de mercado, y que es a él a quien le compete definir qué es un consumidor vulnerable, y no a la Generalitat. Por ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció el pasado viernes que recurrirá ese decreto. En cuanto el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso, la norma quedará suspendida. Y así se pasará de contar con una medida irrelevante a no tener ninguna. Y aquí no hay tanto debate jurídico como en relación con la consulta. O hace frío, o no hace frío. Por ello la Generalitat dice buscar alternativas, como la de hacer una especie de banco de alimentos económico con el que pagar facturas pendientes.

REUNIÓN DECEPCIONANTE

El caso es que ayer había en Empresa i Ocupació reunión de la mesa sobre pobreza energética que integran el propio Govern, las empresas sumnistradoras y representantes de entidades sociales. Estos planeaban aprovechar el encuentro para presentar sus reivindicaciones ante lo que creían que sería una notable e inmediata mejora del decreto que hoy aprobaría el Consell Executiu en su reunión. Porque ese compromiso quedó registrado en el pleno sobre la pobreza que celebró el Parlament, aunque no se cumpla.

De la reunión salieron cariacontecidos los representantes de las entidades. El recurso estatal es lo último que esperaban y abre paso a la nada. Toni Codina, director de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades, afirmó: «Salimos muy decepcionados. El panorama está peor que hace unos meses». Eloi Badia, de la Alianza contra la Pobreza Energética, emplazó al Govern de Artur Mas a buscar soluciones alternativas.

SENSIBILIDAD DE LAS ELÉCTRICAS

Midiendo sus palabras y buscando ser constructivo, el secretario de Empresa i Competitivitat, Pere Torres, afirmó: «Las compañías son sensibles a la situación de las familias afectadas». Para añadir después el mensaje central: «Pero no quieren que familias que puedan pagar dejen de hacerlo». El temor al fraude es el motivo principal de las empresas para negarse a cooperar. Por ahora ni siquiera se han definido cuántos afectados hay (de 100.000 a 300.000 va el abanico) ni cuál es el consumo mínimo a tener en cuenta.