Parón de jueces y fiscales para reivindicar mejoras en la justicia

Jueces y fiscales de toda España se han concentrado este jueves para reivindicar mejoras en la Administración de Justicia, más inversiones y plazas y la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la cúpula de la judicatura. En Barcelona la iniciativa reivindicativa se ha celebrado en el salón de actos de la Ciutat de la Justícia y no en el exterior para evitar que se produjeran incidentes antes la situación política que vive Catalunya. En otros puntos de la geografía catalana, sin embargo, se ha leído el manifiesto de protesta fuera de los juzgados. La actividad judicial se ha ralentizado durante unos minutos

Los jueces y fiscales se han unido para impulsar esta reivindicación. En la capital catalana se han asistido al acto unos 300 togados. La jueza decana de Barcelona, Mercedes Caso, ha asegurado que con esta iniciativa se pretende reclamar mejoras para que la justicia “funcione de una manera más eficaz”. La fiscala jefa de Barcelona, Concha Talón, ha precisado en que el propósito es "mejorar el servicio a la sociedad".

Modernizar los juzgados

Las asociaciones convocantes solicitan la creación de, al menos, 300 plazas de jueces y fiscales al año, a la vez que exigen un proceso de digitalización con los equipos y programas necesarios, pues los usados hasta ahora no han reportado ninguna ventaja. Los juristas también reivindican la fijación de cargas de trabajo razonables, medidas de conciliación y recuperación salarial a nivel del 2010 y que el Gobierno presente un proyecto que permita a los jueces y magistrados, por el sistema de elección directa y listas abiertas, elegir a 12 de los 20 vocales de esta institución.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y Pablo Baró, miembro de la misma, han señalado que “es hora de que se tome en serio la Administración de Justicia, invirtiendo más que ahora, quen no llega al 1%” del presupuesto general del Estado. Diego Vilafañe, de la Unión Progresista de Fiscales, considera que debe derogarse el artículo que marca el plazo de seis meses para investigar los casos penales, ya que, a su entender, “puede genera impunidad”.