Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat

Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500. Cuatro asociaciones de padres de estos menores preparan denuncias contra la Generalitat por supuestos abusos y falta de garantías en el proceso de desamparo, como avanzó este diario.  

Fugas, embarazos, castigos, picaduras de insectos e instalaciones deficientes forman la fotografía de algunos recintos. Las escapadas de los chavales están a la orden del día. Algunas familias se enteran de que sus hijos se han fugado cuando van a visitarlos al centro, sin que previamente nadie les haya alertado de la situación. La nieta de V. H. huyó en agosto, y sigue en paradero desconocido. Creen que está embarazada. Las huidas también las constató la Sindicatura de Greuges, ya que el día que visitó el Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI) Els Castanyers, de Palau-solità i Plegamants (Vallès Occidental), “había 17 fugados”. “Es el pan nuestro de cada día”, le advirtió un mosso d’esquadra a V. H. cuando le contó que su nieta se había escapado. La Conselleria d'Afers Socials no ha contestado a las peticiones de este diario para conocer su opinión sobre los centros públicos, concertados y de gestión delegada, que son los que tienen el equipamiento propiedad de la Administración.

Familias rotas por la retirada de niños denuncian graves atropellos del sistema

REZOS Y CATEQUESIS

Algunos de los chavales retirados por la DGAIA huyen del centro para visitar a sus familias. L. P., describe que llegaba exhausta, porque “caminaba siete kilómetros para verlos”. Otras escapadas acaban en embarazos no deseados. La sobrina de Y. D., que está ingresada en un centro, está a punto de ser mamá. A veces, los métodos anticonceptivos que se propone a las adolescentes no son los que aconseja el sentido común. Es lo que sucede en la residencia Montserrat, de Cerdanyola del Vallès, que acoge a menores de 6 a 18 años, pero solo de sexo femenino. “Como método anticonceptivo se recomienda la abstinencia sexual”, asegura David Rodríguez, del sector social de la Confederación General de Trabajadores (CGT). Este Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE), colaborador de la DGAIA, lo gestiona el Instituto Secular Cruzada Evangélica y se define “inspirado en una concepción cristiana de la vida”. La CGT ha denunciado a este centro “por activa y por pasiva”, explica Rodríguez. Antoni Gutiérrez, de la Acció Social de la Unión General de Trabajadores (UGT), insiste: “Además de la abstinencia, hay rezos y catequesis”.

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El estado de estas residencias no es el que debería, hasta el punto de que “según el centro donde ingresa el niño le toca o no la lotería”, apunta Gutiérrez. Hartos de no tener soluciones por parte de la DGAIA, tres sindicatos (UGT, CCOO, CGT) y el colectivo DASC crearon una plataforma en defensa del menor tutelado y denuncian “la falta de supervisión y control de las instalaciones, déficits en la atención socioeducativa, recortes en los gastos médicos (gafas y dentista) y condiciones laborales precariezadas”. Gutiérrez añade: "Además se ha reducido la ayuda educativa a menores con discapacidad física y psíquica muy grave, como parálisis cerebral, y no se les da una atención individualizada". Los recortes económicos están a la orden del día.

Las instalaciones son otro de los puntos negros de algunos centros. El informe de la Sindicatura lo corrobora. Durante tres años consecutivos ha visitado las instalaciones del Centro Residencial de Acción  Educativa (CRAE) Can Rubió, de Esparreguera (Baix Llobregat) y ha comprobado que “no se ha cumplido la recomendación de adecuar el centro de manera integral y hacer las reformas necesarias para garantizar el bienestar de niños y adolescentes”.

Cuando N. H. ingresó en uno de ellos, no había plazas. “Durante algunos días estuve durmiendo en una especie de despensa. Era un espacio tan pequeño que desde la puerta saltaba a la cama”, dice. Los piojos y las picaduras de chinches también son una queja coincidente de los chavales que han estado ingresados. A L. P. su familia la tuvo que llevar a la peluquería cuando estaba cerrada al público. "Para que me eliminaran los insectos".

SALUD MENTAL

Los sindicatos con representación en los centros critican, además, la tensión existente, ya que la falta de plazas hace que en ellos convivan, por ejemplo, niños pequeños con adolescentes con problemas de salud mental. “Algunos pasan miedo porque, al haber menos plazas de las deseadas, adolescentes violentos comparten habitación con niños de 4 años”, afirma Rodríguez. Las agresiones físicas entre los niños y a los trabajadores van en aumento.  

El Síndic también propina un varapalo al régimen disciplinario. L. define “como medievales” los castigos. "Cuando volví al centro tras una fuga me tuvieron 15 días sin salir de mi habitación”, dice. A través de entrevistas con residentes en CREI, el Síndic constanta "desproporcionadas medidas disciplinarias o contenido inadecuado de las sanciones”. Durante la inspección de la Sindicatura al centro Els Castanyers se pudo comprobar que “el libro de registro de aislamientos o contenciones no está bien cumplimentado y, en algunos casos, no consta la hora de entrada y de salida”. En el CREI El Guaret de Valls (Alt Camp), los internos narran que "se hacen contenciones físicas en las cuales participa el personal de seguridad”.