Las universidades quieren derogar el reglamento del 1954 para luchar contra los fraudes

No hay que disparar las alarmas pero conviene no bajar la guardia. Es la opinión generalizada en las principales universidades catalanas respecto a los revuelos causados por las malas praxis acontecidas en los últimos meses, desde el asunto del plagio en tesis y másteres que ha implicado a la clase política, hasta la reciente expulsión de cuatro alumnos por vender un examen. La paradoja es que, mientras los centros cuentan cada vez con más herramientas para detectar el fraude, no existe una ley estatal moderna que concrete cómo castigar a los tramposos. Hay que retroceder al franquismo, a ¡1954!, para encontrar el único reglamento vigente, y de carácter sancionador, que regula la disciplina académica. La clase política no ha hecho los deberes y cada universidad se saca de la manga cartas propias para combatir el juego sucio. Ahora la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) se ha puesto manos a la obra y ha iniciado un grupo de trabajo para abordar la derogación del decreto franquista. Al grupo de trabajo se le ha encargado presentar una propuesta de carácter técnico que, elaborada de forma conjunta con distintas áreas de las universidades y con la representación del alumnado, pueda ser presentada al Ministerio para su tramitación. 

"El objetivo es, entre otros aspectos, que se derogue el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica", explica la Crue. "Todavía se está en una fase inicial y el planteamiento responde a la necesidad de adecuar las materias disciplinarias y de convivencia no solo al marco legal posconstitucional, sino a la realidad de nuestro tiempo. En este objetivo coinciden las universidades y los representantes de los estudiantes, por lo que esperamos alcanzar una propuesta consensuada en el menor plazo posible», detallan fuentes de la institución.

"Falsificación de documentos"

En el viejo reglamento se tipifica como falta grave “la suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación de documentos” y también “la falta de probidad y las faltas constitutivas de delito”, entre otras conductas. Las sanciones propuestas abarcan desde la expulsión temporal a la perpetua. Mientras llega la nueva ley, los centros universitarios han optado por extrapolar esas figuras del reglamento de 1954, que, por ejemplo, no especifican la práctica del plagio, a normativas y códigos éticos propios.

La legislación preconstitucional plantea dudas sobre su aplicación, teniendo que ser constantemente interpretada por quienes deben utilizarla. “Se traduce a la realidad democrática”, explica Pere Torra, secretario general de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que atestigua que su aplicación resulta  “muy farragosa”, al contener incluso disposiciones inconstitucionales, como incluir como falta grave las “manifestaciones contra la religión y moral católicas”. En la práctica, dice, se utiliza muy poco.

Las sanciones, un tema "sensible"

El debate por una actualización lleva muchos años sobre la mesa, pero es un “tema muy sensible” que exige pies de plomo, agrega Torra. “Se ha comentado, pero hasta ahora nadie se ha atrevido, no resulta popular hablar de sanciones”. 

Pero la cuestión no es baladí. Según un reciente informe sobre el fraude académico de la Universidad de Alcalá, los pocos estudios publicados sobre el tema apuntan que uno de cada tres universitarios admite haber realizado prácticas deshonestas; la mitad afirman haber copiado en exámenes y casi dos de cada tres reconocen haber plagiado en parte textos de páginas web.

Nuevo código ético de la UB

El pasado 9 de octubre el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona aprobó el Código ético de integridad y de buenas prácticas. El catedrático y presidente del comité de ética, Norbert Bilbeny, recalcó que el nuevo documento no tiene carácter de normativa legal sino que quiere orientar los derechos y las obligaciones de los colectivos del centro.

La libertad académica, la responsabilidad profesional, la integridad científica y académica, la honestidad, la igualdad de derechos, el respeto, la privacidad y confidencialidad, la sostenibilidad y las relaciones solidarias, y las posibles conductas de riesgo son los apartados que componen ese código, cuya interpretación corresponde al Comité de Ética de la UB.

Entre las malas prácticas, el documento recoge  que «el plagio es la forma más grave de apropiación de la autoría intelectual". Es igualmente reprobable “permitir que otra persona se beneficie de un trabajo sin ser coautora o deje firmar como coautor de un trabajo al que no lo ha sido». La universidad se plantea desarrollar una normativa específica  sobre el plagio. Una de las discusiones ‘calientes’ es la responsabilidad del director de la tesis y del tribunal.

Robo de exámenes

También se apunta, en el artículo relativo a conductas de riesgo, que «no es admisible la compraventa de trabajos académicos como exámenes, ejercicios, ensayos, trabajos finales de grado o máster o tesis doctorales». En este capítulo se incluiría el robo y comercialización de un examen, en julio del 2016, por parte de cuatro jóvenes de la Facultad de Economía y Empresa de la UB que han sido expulsados por un periodo de dos años. Los alumnos entraron de forma ilícita en el correo electrónico de un profesor y vendieron la prueba a los interesados, obteniendo cada uno unos 2.000 euros.

Las tecnologías juegan a favor tanto de los ladrones de lo ajeno como de los servicios de control. Un consorcio de universidades catalanas, entre ellas la UB y la UAB, ha adquirido el programa de software Urkund, que analiza el grado de coincidencia de frases y párrafos en su base de datos. No es un arma definitiva, pero ayuda.

Servicios a la comunidad

La Universitat Pompeu Fabra echa mano de un código ético del 18 de julio del 2012, y está preparando uno nuevo, como instrumento coercitivo que refiere las conductas reprobables, entre ellas el plagio o la citación incorrecta. Una de las medidas de esta institución más acertadas y solicitadas, informa Pere Torra, es la sustitución de las sanciones, a petición del estudiante,  por servicios a la comunidad universitaria. Por ejemplo, trabajar, sin remuneración, en la biblioteca o en tareas administrativas.

En el caso de los plagios de tesis, Torra asegura que se dan muy pocos casos porque existe toda una batería de controles, a los que la UPF añade el ‘software’ Turn it in. Más fácil resulta darle al copia y pega y pasar impune en los trabajos de fin de grado y máster. “Se copia bastante”, admite. Alguno ha tenido el descaro de presentar una investigación ajena cambiando solo la portada. Ante tamaña desfachatez, Torra es partidario de la mano firme. “Si se cometen faltas tan graves, habría que expulsarlos de la carrera”.

No obstante, opina, hay que primar las medidas preventivas, entre las que se incluyen la información y la formación, frente a las meramente sancionadoras. La web de la UPF avisa que “no tolerará casos de plagio o copia ni la colaboración activa o pasiva en este tipo de prácticas fraudulentas”. La sanción consistirá en el suspenso de la asignatura y en la apertura de un expediente que puede concluir con la no obtención del título de máster. Se considerará plagio la reproducción de frases o párrafos de textos de otros autores sin citar su fuente original de procedencia.

En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) rige una normativa del 2007, modificada en el 2010. En uno de los artículos se especifica que en el caso de que el estudiante realice cualquier “irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación se calificará con un 0, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En el caso de que se produzcan diversas irregularidades en una asignatura, la calificación final de esta será 0”.

Carles Llorens, vicedecano de Relaciones Institucionales y Secretario de la UAB, asegura que es “muy difícil” que se produzca un plagio en una tesis porque esta implica un largo proceso con “muchos filtros”. Entre estos estaría el director de la tesis, la comisión anual de seguimiento, la publicación en revistas internacionales con sus propios controles y el tribunal de evaluación, además del programa de detección informático. Llorens recuerda apenas cuatro denuncias en toda la historia del campus. “Es muy complicado, pero la tolerancia debe ser cero”, apostilla.