El Parlament exigirá al Govern fortalecer las medidas antipederastia tras el escándalo de los Maristas

El debate sobre cómo atajar la pederastia, cómo detectar a una posible víctima, cómo actuar cuando se confirma que un niño ha sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto y cómo coordinar a todos los agentes encargados de proteger al menor, desembarca esta semana en el Parlament. Será con toda probabilidad el jueves, cuando el pleno de la Cámara catalana vote una moción presentada por la diputada Gemma Lienas, de Catalunya Sí que es Pot (CSP), y surgida a raíz del escándalo de los Maristas. La moción, que tiene altas probabilidades de ser aprobada, prevé reclamar a la Generalitat que, entre otras medidas, endurecezca los mecanismos para erradicar, de una vez por todas, los malos tratos cometidos contra menores.

"El problema no es que los dos protocolos oficiales que existen actualmente, el documento marco del Síndic de Greuges del 2006 y el protocolo específico de Ensenyament del 2012, sean insuficientes, no... De lo que se trata es de que sean de obligado cumplimiento, que una administración o una entidad no pueda decir que un caso de abusos no le atañe porque no conocía el protocolo", señala Lienas, que estos días se encuentra negociando con el resto de grupos políticos sobre las posibles enmiendas a su propuesta.

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"En lo fundamental, que es el esfuerzo extraordinario que hay que hacer para garantizar la protección de los menores, creo que estamos todos de acuerdo, que encontraremos las complicidades suficientes", indica Josep Maria Forné, el diputado de Junts pel Sí (JxSí) que se encargará de exponer la postura de su grupo en el pleno del Parlament.

A la espera de concretar sus aportaciones a la moción de CSP, Forné señala que una de las preocupaciones de JxSí pasa, por ejemplo, por "mejorar la coordinación administrativa" cuando se detecta un caso de pederastia en el ámbito educativo. Con todo, precisa el diputado, "no hay que perder de vista que los abusos a menores no se producen ni principalmente ni mayoritariamente en las escuelas", y recuerda que "el 80% de los casos siguen registrándose, lamentablemente, en el ámbito familiar". 

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UN SILENCIO QUE DA MIEDO

Sea como fuere, apostilla Laura Vílchez, diputada de Ciudadanos y portavoz de su grupo en el área de Infancia, "hay muchos asuntos por resolver en torno a la pederastia, como por ejemplo qué pasa cuando el abusador de un menor está en el colegio, o por qué se conoce tan poco el protocolo de Ensenyament, por mucho que diga la 'consellera' que el documento se envía cada inicio de curso a todas las escuelas". "¿O quién sabe de la existencia del teléfono Infància Respon, que la dirección general de Infància de la Generalitat ha habilitado para que se denuncien casos de malos tratos a menores?", agrega.

"Hay que terminar con el silencio que rodea a estos temas, un silencio que da miedo", subraya Vílchez, que coincide con la denuncia del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, de que en el caso del pederasta confeso Joaquim Benítez, "los protocolos han fallado estrepitosamente". Su partido, Ciudadanos, apuesta por que la revisión de esos documentos incida, de forma especial, "en incluir sistemas de prevención desde las etapas escolares más tempranas" y por invertir "en una mayor formación de los profesores sobre estos temas".

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ESPACIOS DE CONFIANZA

Romper el tabú de los abusos sexuales a menores es también uno de los propósitos de la moción. "Un 85% de esos abusos se producen en espacios de confianza para el niño, principalmente en casa, pero también en la escuela, en clubs deportivos, en campamentos y colonias o en clases de catequesis, porque son lugares donde, si una persona tiene tendencias pederastas, puede acceder más fácilmente a sus víctimas. Y hay que poner fin a eso", clama la diputada Lienas, que pide "una especial atención para menores con discapacidad intelectual o problemas de salud mental, ya que son una población de riesgo".

La moción de CSP prevé, asimismo, que profesores, educadores, monitores o catequistas "tengan la seguridad jurídica necesaria para denunciar un caso", indica la parlamentaria. Ahora, prosigue, "estos trabajadores se encuentran, muchas veces, ante cierta indefensión, ya sea porque se juegan el empleo o porque los trámites son tan farragosos que se corre el riesgo de que acaben desistiendo". Lienas también reclama que se fijen, por escrito, las sanciones contra quienes incumplan los protocolos.