Una mayoría 'a la valenciana' aprueba desactivar la LOMCE

La cuenta atrás para desactivar la polémica ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ha empezado. El pleno del Congreso ha aceptado este martes tramitar la proposición de ley del grupo socialista que prevé paralizar la aplicación de la norma mientras se redacta una nueva basada en un gran "acuerdo político y social". Lo ha hecho con los únicos votos en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y el apoyo del resto de grupos de la oposición. 186 votos a favor, 112 en contra y 41 abstenciones. 

Que la cuenta atrás no se interrumpa depende de que se cierre un acuerdo para formar Gobierno antes del próximo 2 de mayo. Si no es así, la iniciativa decaerá y la herencia del exministro de Educación, José Ignacio Wert, seguirá vigente. Se lo han recordado al PSOE los diputados de Podemos, Izquierda Unida y Compromís, que han puesto como ejemplo a seguir la votación ‘a la valenciana’ producida en materia educativa.

ACUERDO POR LA DEROGACIÓN

“Espero que el PSOE recuerde que como se ha visto estamos más cerca nosotros de ellos que Ciudadanos”, les ha advertido la diputada podemista Ione Belarra, en referencia a las negociaciones para la investidura.

Los partidos de izquierda también han introducido un matiz. Le han recordado al PSOE que el acuerdo firmado por toda la oposición en la pasada legislatura establecía la derogación de la LOMCE, no la paralización que ahora han propuesto los socialistas y así intentarán hacerlo valer durante la tramitación del proyecto de ley. 

Ciudadanos se ha descolgado del frente común de la oposición para “acabar con la confrontación y la politización de la educación”. “No sirve para nada ni paralizar ni derogar. Nuestra propuesta es alcanzar un gran acuerdo transversal”, ha proclamado su diputado Toni Roldán.

GIRO EN EL DISCURO DE RIVERA

A quien más ha sorprendido el desmarque del partido de Albert Rivera ha sido a los socialistas. Su portavoz de Educación, Rafael Simancas, ha recordado en los pasillos que en el acuerdo de Gobierno firmado por los dos partidos figuraba explicítamente “tanto la paralización como el pacto de Estado”, los dos ejes de la propuesta aceptada a trámite.

Fuentes de Ciudadanos quisieron aclarar luego que, una vez se alcance el acuerdo por la educación que ellos han propuesto, se verá si es necesario paralizar la ampliación de la LOMCE. Otras fuentes han apuntado más bien a un giro en el discurso de Rivera, que en las últimas horas ha endurecido su tono respecto a Sánchez.

AYUDA A LA ESCOLARIZACIÓN EN CASTELLANO

Los grupos nacionalistas se han sumado a la propuesta marcando también perfil propio. Democràcia i Llibertat (DiL) ha precisado que, durante la tramitación del proyecto de ley, exigirán la derogación de los decretos y reglamentos de desarrollo de la LOMCE, y presentarán enmiendas dirigidas a “suprimir la ayuda a la escolarización en castellano”, la prestación de 6.000 euros a la que pueden optar las familias que quieren escolarizar a sus hijos con el castellano como lengua vehicular y que, de no existir oferta pública en sus municipios, los llevan a centros privados.

ERC ha sido el grupo que más duramente ha reprochado el incumplimiento por parte de los socialistas del compromiso de derogación. “Votamos a regañadientes, porque no cumplen lo que firmaron”, les ha advertido el diputado Joan Olòriz.

DEFENSA DE LA LEY

El papel de defender el rechazo, casi en solitario (solo UPN y Foro Asturias se han sumado al no), le ha correspondido a la diputada popular Sandra Moneo, que ha optado por atribuir todas las mejoras en el sistema educativo a la obra del exministro Wert. Para Moneo, el PP ha sido el adalid durante estos cuatro años del diálogo y el primer promotor de un gran pacto educativo, pese a que la LOMCE se aprobó con sus únicos votos.

La proposición admitida se convierte a partir de ahora en un proyecto de ley que deberá ser tramitado por la comisión de Educación. Sin tiempo para evitar la reválida de sexto de primaria pero con sufiente antelación para desactivar los cambios previstos para el curso 2016-2017, según Simancas.

Contra la advertencia lanzada este martes por el sindicato de funcionarios CSIF, que está convencido de que al tratarse de una ley orgánica se demorará hasta después del verano, los servicios jurídicos del grupo socialista sostienen que podría ser aprobada en julio.