Los jueces exigen a los Mossos el nivel de riesgo de las maltratadas

La junta de jueces de violencia contra la mujer de Barcelona aprobó ayer un acuerdo en el que exige que se cumpla el protocolo sobre la evaluación del riesgo que sufren las maltratadas respecto a sus agresores y que los Mossos les remitan los informes que elaboran, cosa que en la actualidad la policía autonómica no hace. Los magistrados han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que haga llegar a la Generalitat su reclamación, en la que también incluyen el protocolo que atañe a los médicos forenses, que dependen de la Conselleria de Justícia. Los magistrados consideran que el dictamen policial les facilitaría la decisión de otorgar o no una orden de protección a la víctima de violencia machista. Los datos apuntan que en Catalunya solo se concede el 34% de las peticiones, mientras que la media en España es del 57%. 

Los Mossos, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España con otros cuerpos policiales, no entregan en los juzgados los informes que internamente hacen para valorar el riesgo que padece la víctima de violencia machista. La Conselleria d’Interior sostiene que la policía autonómica sí emite informes, aunque utilizando un modelo propio, y no el que se hace servir en el resto del Estado español. «Es más completo el catalán», afirman. Sin embargo, tanto jueces como fiscales confirman que estos dictámenes no llegan a sus manos. «Sería interesante contar con una valoración de riesgo policial como un elemento más a tener en cuenta», aseguró ayer una fuente de la Fiscalía de Barcelona.

REUNIÓN PENDIENTE

Esta situación ha creado un clima de tensión entre la Generalitat y los jueces de violencia machista, hasta tal punto que el titular de la Conselleria d’Interior, Jordi Jané, ha convocado una reunión para limar asperezas y valorar si es necesario introducir cambios en la metodología de trabajo y en los protocolos que afectan a los Mossos. Este encuentro debería haberse celebrado esta semana, pero se ha aplazado para dentro de unos días. Los jueces quieren que participen mandos de la policía autonómica.

Otro dato relevante sobre este asunto es que los jueces de Barcelona denegaron en el 2014 el 83% de las ordenes de víctimas de violencia machista solicitadas por la fiscalía, un porcentaje que ha ido en descenso en los últimos años. Así lo advierte la memoria de este área y que revela que de las 2.538 ordenes de protección solicitadas, solo se acordaron 430 (197 fueron de alejamiento). «A pesar de que se disponen de estos mecanismos legales adecuados para la protección de las víctimas, sorprende en la provincia de Barcelona el escaso número de medidas» acordadas, lo que obliga, a su entender, a una «profunda reflexión». H