Habría sido muy difícil hacerlo peor

Lo que empieza mal, acaba mal. La concesión irregular de julio del 2010, la sentencia del Tribunal Supremo del 2012 y la inhibición posterior del Gobierno son los últimos capítulos de una historia de despropósitos que comenzó hace diez años con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya veníamos de una historia kafkiana, impulsada por los gobiernos de José María Aznar, conocida como la «guerra de las plataformas digitales».

Zapatero llegó al poder con un proyecto reformista que en el campo del audiovisual significó la creación de un comité de sabios formado, básicamente, por académicos de prestigio que formularon tres objetivos claves: elaborar una ley del audiovisual, blindar la independencia de RTVE e impulsar una autoridad reguladora del sector siguiendo el modelo de referencia en Europa. A la hora de la verdad, se impuso un concepto de realpolitik estrictamente carpetovetónico que hizo que la mayoría de las recomendaciones del comité fueran olímpicamente ignoradas. Mientras tanto, la política de los hechos iba haciendo su camino.

Aprovechando el aumento de la oferta que permitía el tránsito a la TDT, el primer Gobierno de Zapatero pretendió reequilibrar el mapa televisivo con la consolidación de dos nuevos operadores privados de referencia: Cuatro y La Sexta. El hecho es que la oferta televisiva en abierto ya disponía de cuatro canales generalistas en la mayor parte del territorio. Dos canales públicos (TVE-1 y un canal autonómico) y dos privados (Antena3 y Tele5).

Ningún sistema televisivo estatal puede funcionar con seis canales realmente generalistas. La razón es obvia: los canales generalistas buscan un público mayoritario y requieren de mucha más inversión que los temáticos. Y el pastel publicitario a repartir no es ilimitado.

Por otra parte, el negocio del audiovisual requiere reglas claras y estables. La repentina modificación de la oferta fragmentó las audiencias y cuestionó la viabilidad económica de la mayor parte de los operadores. Y a partir de ese momento se han sucedido los despropósitos en una carrera loca. Para dar oxígeno a los operadores privados, se retiró RTVE del mercado publicitario sin prever un sistema realista de financiación alternativa. También se redactó una ley del audiovisual que relajó la definición del servicio público audiovisual para favorecer a los operadores privados. Pero todo ello no permitió la viabilidad de los múltiplex liderados por Cuatro y La Sexta, que fueron absorbidas por Mediaset (Tele5) y Atresmedia (Antena3), consolidando así un duopolio de facto, mientras la oferta pública (estatal y autonómica) ha ido perdiendo fuerza de manera progresiva.

Cuando el PP llegó al poder hizo una contrarreforma del sistema de gobierno de RTVE que liquidó la única herencia positiva de José Luis Rodríguez Zapatero. La última chapuza, la inminente eliminación de nueve canales. Peor imposible. Bueno, todavía sería peor que la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy tenga como motivación favorecer un canal ideológicamente sectario y afín como 13TV.