El Gobierno británico investiga los abusos sexuales de los Testigos de Jehová

La sentencia de la justicia británica ordenando a los Testigos de Jehová el pago de una fuerte compensación económica a una mujer que sufrió abusos sexuales a manos de uno de sus miembros, creó el pasado año un precedente legal en el Reino Unido. La mujer, hoy veinteañera, cuya identidad no se ha revelado, tenía cuatro años cuando Peter Steward, un Siervo Ministerial de los Testigos de Jehová, comenzó a abusar de ella durante las clases de estudios de la Biblia.

Las agresiones continuaron entre 1989 y 1994, en la localidad de Loughborough, en el condado inglés de Leicestershire. Al emitir la sentencia el Alto Tribunal de Londres consideró a los dirigentes de la organización religiosa responsables de los actos de Steward y por tanto obligados a pagar a  la demandante, una compensación de 275.000 libras (325.000 euros) y casi medio millón más de euros en gastos legales. El juez rechazó el argumento presentado por la defensa de que el hombre, ya fallecido, nunca fue un “empleado”, de la organización religiosa.   

Según el veredicto, el cuerpo que gobierna los Testigos de Jehová (Watchtower Bible and Tract Society) no protegió a la víctima de los abusos. El Consejo de Ancianos decidió relevar al pederasta de las misiones eclesiásticas, pero dio por bueno su arrepentimiento y el agresor siguió formando parte de la comunidad. Eso le permitió que siguiera abusando de la pequeña cuatro años más, hasta que fue detenido y encarcelado por agresiones a otros niños. “Simplemente (la congregación) no se toma en serio los abusos a menores, no lo hicieron entonces y dudo mucho que algo haya cambiado ahora”, declaró la demandante al término del proceso. La organización debe “reconocer que existe un problema masivo”. añadió.

LA PUNTA DEL ICEBERG

El caso ha sido la primera demanda civil por abusos sexuales históricos en el Reino Unido contra los Testigos de Jehová y es la punta del iceberg. La abogada Kethleen Hallisey tiene 10 denuncias pendientes muy similares. A lo largo de los años, han ido saliendo a la luz casos de este tipo  en todo el Reino Unido, con víctimas cuyas agresiones han sido ignoradas y “barridas bajo la alfombra” por los Testigos de Jehová.

Louise Palmer tenía cuatro años, cuando su hermano adolescente comenzó a abusar de ella. Solo tres décadas más tarde reveló lo ocurrido a sus padres y al Consejo de Ancianos. La respuesta fue una indiferencia absoluta. Louise acudió a la policía y su hermano fue condenado por el Tribunal de Wolverhampton a 14 años de cárcel. Su familia no se lo ha perdonado. Otros 14 años de cárcel recibió también Mark Sewell, quien tenía una posición jerárquica poderosa en la comunidad de los Testigos en Barry, en Gales. Había abusado de dos niñas, violado a una mujer y atacado a otra. En Newcastle upon Tyne, Gordon Leighton fue condenado a 13 años en el 2013 por ataques sexuales a menores. En Escocia, Ian Cousin, un respetado miembro de la comunidad, recibió cinco años por abusar de su hija. Cuando le denunció, la organización la tachó de mentirosa. En enero de este año, Ian Pheasey fue condenado a otros cinco años por obtener gratificación sexual de varias niñas apretándoles el cuello hasta hacerles perder el conocimiento.

OBSTRUCCIÓN A LAS INVESTIGACIONES

El gobierno británico ordenó en el 2014 a la Charity Commision, que regula las organizaciones caritativas en Inglaterra y Gales, una investigación sobre los Testigos de Jehová. Los dirigentes religiosos se han negado sistemáticamente entregar documentación a la comisión y han acudido incluso a la justicia para evitar las indagaciones. El desafío legal, tras una cadena de apelaciones, pasó por cinco tribunales, con un coste de un millón de libras. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó la petición de bloquear la investigación.

El pasado año los responsables de la organización religiosa fueron acusados de haber ordenado la destrucción de documentos sobre los abusos. Medios de comunicación británicos obtuvieron acceso a la copia de un edicto distribuido entre las comunidades de todo el Reino Unido por los responsables de la organización, ordenando la destrucción de “todas las agendas y actas de las reuniones de los ancianos” y cualquier otra prueba “que se refiera a individuos en particular”.