La Generalitat impone sus primeras multas a suministradores de luz y gas por cortes ilegales

La Generalitat ha impuesto sus primeras sanciones, 18 en concreto, por un importe de 10.001 euros cada una, a compañías de gas y electricidad por cortar a la brava los suministros a los usuarios sin cumplir los trámites que marca la ley catalana 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética, recurrida en parte por el Gobierno central. Cada sanción corresponde a un corte y a una compañía. Los datos fueron facilitados este lunes por la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, en la reunión de la Taula d’Emergència en l'Àmbit d’Habitatge i la Pobresa Energètica, que agrupa a entidades financieras, movimientos sociales, Administración y suministradoras. Más de 320.000 familias catalanas tienen problemas para pagar los suministros básicos, según la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). Borrás ha informado de que ya se ha llegado a un acuerdo con compañías de agua para que no se deje sin suministro a las familias vulnerables.

La Agència Catalana del Consum, dependiente de la Conselleria d'Empresa, ha abierto un total de 88 expedientes a suministradoras desde la aprobación de la ley en julio del año pasado. La agencia ya ha comunicado las multas a las empresas y estas han presentado alegaciones y, según ha indicado un portavoz, "los expedientes ya están en propuesta de resolución". Las sanciones se han producido porque las compañías no han solicitado a los servicios sociales correspondientes un informe para averiguar si el usuario está en una situación vulnerable.

PRECIO MÍNIMO

Los cortes de energía se han efectuado al constatar las compañías que hay facturas impagadas, aunque no han averiguado la situación económica de la familia. Consum ha impedido, desde la aprobación de la ley, más de 31.000 cortes de agua, luz y gas. En toda España, Endesa e Iberdrola realizaron en el 2015 más de medio millón de cortes.

La APE y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han reclamado que se condonen las deudas de las familias y la revisión de los contratos para ofrecer un precio mínimo "de los suministros básicos ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas". Además han propuesto regularizar el servicio a familias que ocupan viviendas. Por último han solicitado que se rebaje el precio de la factura "hasta que el coste pueda ser asumido por los usuarios".

La portavoz de la APE, Maria Campuzano, ha pedido a la Generalitat que realice "inspecciones de oficio a las empresas sin esperar a que haya una denuncia". Campuzano ha insistido en que "no existe ninguna predisposición por parte de las compañías de firmar convenios" y ha exigido que se desarrollen leyes, actualmente en vigor, para sustituir a los artículos recurridos de la 24/2015. La Generalitat se había comprometido a redactar, de forma urgente, una norma que sustituyera a este text. Borrás ha asegurado que ya "está muy madura".