Canadá legalizará la marihuana el año próximo

El mundo llegó dividido a la sesión especial sobre las drogas convocada en la Asamblea General de Naciones Unidas que arrancó el martes en Nueva York y ha salido de la misma manera. Después de varios días de reuniones, discursos y actos paralelos, algunos consideran un éxito la misma reunión que otros ven como un fracaso o una “oportunidad perdida”. Lo único seguro es que el documento que queda como fruto (que se elaboró y pactó con anterioridad en Viena en un proceso no exento de críticas) mantiene la apuesta por las políticas de prohibición dominantes desde hace 55 años pero de las que han empezado a distanciarse naciones y estados individualmente. Y la cita neoyorquina ha dejado muestras palpables de ese alejamiento de la fe ciega y unánime en la “guerra contra las drogas” que muchos, como hacía este jueves en la ONU el presidente boliviano, Evo Morales, definen como un “fracaso colosal”.

Entre esas muestras de cambio destaca especialmente el anuncio hecho por Canadá de que el país legalizará la marihuana en la primavera del año que viene. Ese anuncio recayó en Jane Philpott, la ministra de sanidad del flamante gobierno del liberal Justin Trudeau, que en un apasionado discurso pidió un enfoque de la cuestión de las drogas “amplio, colaborativo y compasivo, que respete los derechos humanos a la vez que promueve la responsabilidad compartida y tenga una fundación científica firme”. Y aunque Philpott asumió asumió que su plan de legalización de la marihuana “reta el statu quo de muchos países” mostró también el convencimiento de que “es la mejor forma de proteger a la juventud a la vez que se mejora la seguridad pública”.

La canadiense no ha sido la única voz que se ha alzado en la sesión especial a favor de la legalización de la marihuana y, por ejemplo, Kamina Johnson Smith, ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, ha reiterado la denuncia de que “es una anomalía la clasificación del cannabis” en los tres tratados firmados por la ONU sobre narcóticos, psicotrópicos y contra el tráfico ilegal (en 1961, 1971 y 1988) y ha llamado a que se establezca “un mecanismo para revisar la arquitectura global de drogas” para permitir una reforma que, ha dicho, “debe poner la salud y el desarrollo humano en el centro del proceso”.

En la ONU se han oído esta semana llamadas similares a cambios más profundos, a un nuevo enfoque. Ha sucedido, por ejemplo, cuando el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ha dicho que “la gente, no las sustancias, deberían estar en el centro de las políticas”. O cuando ha hablado Peter Dunne, el ministro de sanidad neozelandés. “Si las naciones siguen enfangadas, eligiendo las opciones fáciles y lanzando sus problemas a sus policías y sus sistemas judiciales en esta reunión se lograra muy poco”, ha dicho. “Si mejora el ritmo de cambio, se pone en marcha regulación apropiada y florecen políticas valientes, innovadoras y compasivas la respuesta serán avances”. Incluso Michael Botticelli, el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, ha demostrado el giro en la posición de EEUU. “Los esfuerzos de la ley deben centrarse en organizaciones criminales, no en gente con desórdenes de uso de sustancias que necesitan tratamiento y servicios de apoyo a la recuperación”, ha dicho en su discurso.

No se trata, no obstante, de un mensaje unánime y muchos países siguen defendiendo un enfoque agresivo y de “tolerancia cero”, como ha hecho en la cumbre el embajador de Indonesia, Rachmat Budiman, que en Nueva York ha sido abucheado al defender la pena de muerte como un “componente importante” de su política nacional contra las drogas.

Pese a esa crítica sonora, el documento ratificado por la Asamblea General no incluye ningún tipo de condena a esa aplicación de la pena de muerte con la que también castigan delitos de drogas naciones como China o Irán. Y eso, así como que mantenga el marco de criminalización para todas las drogas que no se usen con fines médicos o científicos es una de las mayores críticas que se hacen al texto, que se redactó, según los críticos, en un proceso poco transparente en el que no tuvieron voz algunas naciones del Caribe y de África ni suficientes representantes de la sociedad civil.

 “Es un texto generoso en retórica y escaso en sustancia, desfasado de crecientes evidencias y de la opinión de los ciudadanos”, ha denunciado, por ejemplo, el empresario británico Richard Branson, uno de los integrantes de la Comisión Global sobre Política de Drogas, un grupo que defiende las reformas y la legalización y que este jueves ha realizado una rueda de prensa criticando el documento y la reunión.