medida educativa polémica

Ensenyament sabía desde hace cinco años que iban a faltar profes en la ESO

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María Jesús Ibáñez

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Ya en el curso 2012-2013, cuando empezaron a vislumbrarse los primeros cierres de aulas de educación infantil, se escucharon voces avisando de que en unos años podía haber escasez de profesores en la secundaria, sobre todo en las denominadas asignaturas instrumentales (Matemáticas, Castellano y Catalán), que cursan todos los estudiantes. Bastaba con hacer una estimación de alumnos y con prever el elevado número de jubilaciones que iban a producirse en los años siguientes. Por alguna razón desconocida (quizás por los recortes, quizás por los cambios al frente del departamento), el caso es que en los cinco años que han discurrido desde entonces, la Conselleria d'Ensenyament no le ha puesto remedio.

La falta de especialistas en la educación secundaria obligatoria (ESO) ha llevado a la Generalitat a eximir del máster obligatorio de Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato a los candidatos que se apunten a la bolsa de trabajo para cubrir los puestos de interinos del próximo curso. La convocatoria, publicada en el 'Diari Oficial de la Generalitat' el pasado viernes se abrirá este jueves y se mantendrá hasta el 14 de mayo.

Es, insiste Ensenyament, una medida "extraordinaria" y "excepcional", pero que ha levantado muchas ampollas. Sobre todo entre quienes habían alertado de lo que podía ocurrir y ahora ven que no se les hizo caso, en concreto algunos inspectores educativos y las universidades que imparten el máster.

"Aquí lo que ha habido es una falta de previsión desastrosa", denuncia Ana María Margallo, coordinadora de este posgrado en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Las plazas que cada año ofertan las distintas especialidades del máster de secundaria las determina la Generalitat, "en teoría en función de las necesidades de plantilla que va a haber en los institutos", detalla Margallo. Lamentablemente, "ha faltado coordinación entre Govern y universidades", agrega Pep Alsina, vicedecano de la facultad de Educación de la Universitat de Barcelona (UB).

"Llevamos años denunciando que la ESO es la etapa en la que se concentra el fracaso escolar, que es, por decirlo de algún modo, el órgano más enfermo del sistema educativo... Y que es en la ESO donde precisamente el profesorado tendría que estar más preparado", prosigue Alsina. En lugar de eso, la Generalitat ha optado por incorporar a docentes que no han recibido una formación específica en pedagogía y didáctica. "Es como si una persona enferma se pusiera en manos de un cirujano sin título", lamenta el vicedecano.

Uno de los riesgos que señalan los pedagogos es que justamente estas personas, cuyas puntuaciones serán probablemente las más bajas de la bolsa de trabajo (por no tener el máster), pueden acabar teniendo que impartir clases en los centros educativos que descartan los profesores con más puntos: los que están situados en poblaciones alejadas y los de alta complejidad socioeconómica.

Estudios cuestionados

"Es que además, permitir que un profesor ejerza sin el máster, que tiene carácter habilitante, es ilegal", clama la coordinadora del máster en la UAB. Para evitar incurrir en una situación jurídicamente cuestionable la Generalitat ha ideado un documento de compromiso por el que quienes consigan una plaza en un centro sin tener la acreditación se comprometerán a obtener el máster o una titulación equivalente antes de septiembre del 2021.

Sea como fuere, denuncian los responsables universitarios, "la decisión que ha tomado Ensenyament no deja de ser una falta de respeto hacia la formación de los docentes", protesta Margallo. "Los másteres están concebidos como cursos formativos, con unas prácticas regladas, que ahora van a tener que ser revisadas", lamenta la coordinadora de la Autònoma.

La exención del máster para los profesores de la ESO se adopta, además, en un momento en que esta titulación está siendo objeto de reforma, después de que la Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) los evaluara negativamente en una auditoría del 2015. Desde entonces, aseguran tanto Margallo como Alsina, "existen unas comisiones de mejora que han corregido los puntos débiles que la AQU detectó", asegura el vicedecano de la UB.