Fractura institucional por la pederastia en los Maristas

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho constar su discrepancia con el carpetazo que ha dado el Consorci d’Educació –de cuyo consejo de gobierno forma parte- a la investigación interna sobre los abusos sexuales a menores en colegios de los Maristas de la capital catalana. El consistorio deplora que, aunque “desde el punto de vista de la instrucción administrativa, la actuación de la escuela pudo ser correcta”, como hizo constar el inspector de enseñanza encargado del caso, “moralmente no se debería considerar así”, ha dicho la teniente de alcalde Laia Ortiz, responsable municipal de Educación.

“Por ese motivo, porque consideramos que las cosas no podían quedar así, con una mera resolución administrativa, el ayuntamiento se ha personado ya como acción popular en el proceso judicial abierto contra el pederasta Joaquim Benítez”, ha subrayado Ortiz en declaraciones a este diario. La edila ha confesado su “sorpresa” cuando se les presentó el informe de la inspección educativa. Con todo, los representantes municipales en el consejo de gobierno del consorcio (la propia Ortiz, que ocupa la vicepresidencia, y tres vocales) no pudieron imponer su criterio sobre la mayoría que ostenta la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat (con la presidencia y cinco vocalías).

INFORME "CASI EXCULPATORIO"

El informe, “que actúa casi de forma exculpatoria respecto a la actuación del colegio", en palabras de  la adjunta del Síndic en materia de infancia, Maria Jesús Larios, que ha tenido acceso a él, solo las denuncias hechas contra el pederasta en el 2011, en el 2013 y "las que afectan a un monitor de comedor en el 2015". Apenas hace mención a por qué los Maristas no aplicaron el protocolo antiabusos y el inspector encargado de redactarlo "pasa totalmente por alto la confesión que hizo Benítez tras la primera denuncia", detalló Larios el pasado 30 de mayo, después de una dura comparecencia del Síndic Rafael Ribó en el Parlament.

Hace dos semanas, el  padre del primer denunciante contra el pederasta, Manuel Barbero, recibió una carta del consorcio en la que insiste en que la inspección escolar realizada en el centro considera que la actuación de los Maristas “fue correcta”. Asegura la misiva que si la congregación no notificó a la dirección general de atención a la infancia y la adolescencia (DGAIA) los hechos ocurridos, “es porque no se consideró que hubiera desamparo del menor”.

El organismo educativo apenas hace mención, en esta carta a Manuel Barbero, a los hechos denunciados por él mismo en el 2013, aunque el informe de los inspectores recoge que sobre esta demanda se ha producido “una controversia irreconciliable entre la versión del progenitor y la de la escuela”.