¿Cuánto vale la palabra del jefe de los Mossos?

El contrato es una piedra angular de la civilización. Entronizado por el derecho romano y reforzado por el napoleónico, el acuerdo entre dos o más voluntades, contraído por escrito o de palabra, es ley de obligado cumplimiento para las partes. De la confianza mutua en el respeto de la firma estampada o de la palabra dada depende el sistema. De la confianza o, en su defecto, de la garantía de que el poder público obligará el cumplimiento.

Hay numerosos tipos de contrato, pero el que aquí interesa es el que suscriben los representantes y responsables políticos con la  ciudadanía a la cual sirven. En este caso, pueden ser compromisos por escrito, como un programa electoral, aunque cuantitativamente suelen predominar los contraídos verbalmente.

La sociedad española no se distingue precisamente por observar un respeto reverencial a la palabra dada. Tampoco la catalana; en este punto no hay fet diferencial que valga.

Chris Huhne era un político lideraldemócrata británico, ministro en el primer gobierno de James Cameron y valor en alza en su partido. Hasta que se le ocurrió mentir. Fue cazado por un radar cuando conducía con exceso de velocidad, y trató de sacudirse de encima el enojoso asunto declarando que era su esposa quien iba al volante aquel día. Esa fue su perdición. La falsedad le costó la carrera política y dio con sus huesos en la cárcel.

La alemana Annete Schavan era ministra de Educación y Ciencia en el gobierno de Angela Merkel. Hasta que se destapó que había plagiado su tesis doctoral. Schavan fue destituida por Merkel  y la Universidad de Düsseldorf revocó el título de doctora de la tramposa.

Evidentemente, en España, Catalunya incluida, las cosas no van así. El británico Huhne fue a prisión por mentir sobre una multa de tráfico, pero aquí saqueadores confesos de decenas de millones de euros, como Fèlix Millet y Jordi Montull, disfrutan de una plácida vida en libertad. Aquí, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se presenta ante los electores con un contrato escrito que no duda en romper en añicos nada más acceder al poder. Aquí, otro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, corta las alas a un Estatut que él mismo, personal, pública y orgullosamente, había prometido respaldar.

Aquí, el director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, niega que una pelota de goma disparada por sus policías dejara tuerta a Ester Quintana. Asegura que aquel día ningún mosso disparó ni una sola pelota en Barcelona. Y se compromete en público: «Si aparece una prueba, dimito de inmediato». Un año y medio después, el juez instructor, basándose en los informes forenses y otros testimonios, concluye que Quintana fue mutilada por un pelotazo de los Mossos.  Pero eso, al parecer,  no le basta a Prat para cumplir su palabra, su contrato público. Aún no hay sentencia, alega Interior. Pero Prat no vinculó su palabra a ninguna sentencia. ¿A qué prueba se refería? ¿Debía haberse presentado Quintana con el globo ocular descuajado en una mano y la pelota lesiva en la otra?