AUDIENCIA DE BARCELONA
Condenado un exalcalde de Pallejà por acoso laboral a la interventora municipal
La sentencia sostiene que Ismael Álvarez hizo la vida imposible a la funcionaria, a la que le llegó a suspender de empleo y sueldo
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 15 meses de prisión más inhabilitación para cargo público al que en el 2012 era alcalde de la localidad de Pallejà, Ismael Álvarez Serrano, por prevaricación y acoso laboral a la interventora municipal, Gemma V. C.
La sentencia sostiene que el acusado no solo incoó un expediente contra la funcionaria, después anulado por vulneración de derechos fundamentales, y le suspendió provisionalmente de empleo y sueldo, sino que cuando se reincorporó al trabajo se le trasladó a otro despacho en “estado ruinoso”, se le obligó a entregar el móvil y la llave del consistorio, se le prohibió llevarse su ordenador portátil a casa y se le quitó la competencia sobre la mayoría de los administrativos asignados a su departamento.
El tribunal de la Sección Segunda relata que las actuaciones llevadas a cabo por el que era alcalde de Pallejà respondían “exclusivamente” a su interés de privar de "contenido material" la función de interventora que le había sido asignada “por ley” a la funcionaria, representada por el abogado José Luis Bravo, así como “trabar” su ejercicio efectivo. Es decir, "compelerla a abandonar su puesto".
Desacuerdos y acusaciones
Desde que Gemma V. C. tomó posesión del cargo, detallan los jueces, se hicieron patentes sus discrepancias con el equipo de gobierno, que “no aceptó sin más la labor fiscalizadora de los recursos económicos públicos” del consistorio. Estos desacuerdos se acentuaron cuando la interventora empezó a dejar constancia escrita de lo que, a su entender, “constituían prácticas irregulares” en la asignación de los puestos de trabajo y en la contratación. Esta situación cristalizó cuando en marzo del 2012 la funcionaria puso en conocimiento del imputado “determinados comportamientos de insinuaciones y requerimientos sexuales” hacia su persona por parte del que era gerente del ayuntamiento.
La interventora se llegó a reunir con el entonces alcalde para explicarle en persona esta situación, pero la respuesta del edil fue pedirle que renunciara a su puesto y que se fuera del ayuntamiento, según la sentencia. Esta “invitación”, así como su “inactividad en relación” a las insinuaciones del gerente y diversos correos electrónicos, tenían como objetivo, según los jueces, “ejercer presión laboral y despresitigiarla". Gemma V. C. respondió presentando una denuncia contra el gerente por acoso sexual, a la vez que solicitó el amparo de la alcaldía. El alcalde atacó con una querella por injurias contra ella y la incoación de un expediente disciplinario por falta grave, decisión que, posteriormente, fue anulada por la justicia.
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