Fiscales reclaman que los delitos contra las mujeres tengan un agravante

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha propuesto en su congreso clausurado este sábado en Valencia la modificación del Código Penal para incluir un agravante específico en los delitos cometidos contra las mujeres. En su opinión, España solo ha cumplido de "manera parcial y deficiente" el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia machista, el denominado Convenio de Estambul,Convenio de Estambul, ratificado en el 2014. 'Hacia una perspectiva de género' ha sido el lema de este año de la reunión de la UPF.

La ponencia aprobada destaca que la incorporación de la perspectiva de género en la "construcción" y en la aplicación de la norma penal es una "exigencia de justicia material". Según la UPF, eso supone "conocer y reconocer" las estructuras sociales que "soportan las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres". Si se desecha esta realidad, incide, "jamás se podrá dar una respuesta justa, proporcionada y adecuada" para erradicar la lacra de la violencia sexista, "verdadera vergüenza democrática que requiere una respuesta especializada".

Ampliar el concepto

Por ello, la UPF cree que ya es hora de abordar "íntegramente" las obligaciones asumidas por España en esta materia, ampliando el concepto de violencia machista a toda aquella que va dirigida especialmente contra las mujeres "por el hecho serlo" o que les afecte "de una manera desproporcionada".

La asociación sostiene que la legislación penal debe construirse desde esa óptica, para reconocer a la mujer expresamente como "sujeto pasivo" de esta violencia e incluir la motivación discriminatoria como elemento del delito. Es decir, que se incluya un agravante específico, por ejemplo en los asesinatos y homicidios, para no tener que acudir a las genéricas. "Los feminicidios deben ser castigados como tales", apunta las conclusiones del congreso.

Menores desamparados

Los fiscales progresistas también exigen al Estado español que asuma su responsabilidad para con los hijos huérfanos de las víctimas de la violencia machista, en el sentido de que debe ofrecerles prestaciones económicas y sociales adecuadas y “suficientes” para su "subsistencia, educación y desarrollo". “Los menores quedan totalmente desamparados y se les debe asistir en todos los aspectos”, ha explicado a este diario la fiscal Virginia García.

La UPF ha analizado también en el congreso la paridad entre sexos en la carrera fiscal. Según la memoria del 2017 de la Fiscalía General del Estado, las mujeres representan la mayoría sociológica de la profesión. El 68% de los fiscales en España son mujeres. Pese a ello, tan solo ostenta el 35% de los cuadros directivos. Ante esta situación, la asociación reclama que se analicen las causas de esta discriminación y se aporten soluciones para dar cumplimiento a la ley para la igualdad efectiva. "No es un favor, es una obligación", han remarcado los asistentes.

En la reunión no han faltado otros debates, como la necesidad de un proceso "transparente" para el nombramiento del fiscal general del Estado (se está pendiente de saber a quién elegirá el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez), la derogación de la norma que establece los plazos para investigar delitos y la aplicación del delito de odio en el ámbito artístico o humorístico.