Catalunya descuida la protección de las maltratadas

A finales del pasado año, Asturias se despertó sobresaltada: José Ignacio Bilbao Aizpurúa, de 55 años y vecino de la tranquila localidad de Soto del Barco, había matado a golpes con una barra de hierro a sus dos hijas, Amets y Sara, y luego se había lanzado desde un viaducto. Su mujer, de la que llevaba separado un año, había pedido una orden de alejamiento que fue rechazada por el juez. Este y otros casos parecidos son solo la consecuencia más trágica de una tendencia que en los últimos años se ha dado en toda España, pero que en Catalunya ha tenido su máxima expresión. Los jueces cada vez conceden menos órdenes de protección, con el consiguiente desamparo creciente de las víctimas.

La cifras hablan por sí solas. Si en el 2006 los magistrados aprobaron en Catalunya el 70% de las solicitudes, 10 años después la cifra ha bajado a menos de la mitad, el 34%. En el conjunto de España, la caída ha sido también importante, pero más moderada, del 75% al 57%.

Un programa informático

¿Qué está pasando? Y, sobre todo, ¿qué está pasando en Catalunya? Los expertos y las personas implicadas en la lucha contra esta lacra coinciden en que varios factores pueden explicarlo, pero hay uno que se da solo en Catalunya: los Mossos d'Esquadra, a diferencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, no entregan a los jueces una valoración propia del riesgo que corre la denunciante.

Los dos cuerpos de seguridad del Estado disponen de un sistema informático denominado Biotec que, cruzando las respuestas de la víctima a determinadas preguntas, sitúa a la mujer en una escala que va desde el de riesgo extremo al muy bajo. Esta valoración ofrece a los magistrados un índice mínimamente objetivo en el que basarse a la hora de adoptar un nivel de protección. Fuentes de la policía autonómica reconocieron que no aplican el sistema ni ofrecen al juez ninguna otra puntuación del nivel de riesgo, pero argumentan que adjuntan la declaración de la víctima con las respuestas a las preguntas del test, «con lo cual el juez tiene a su disposición todos los datos para decidir».

Sin embargo, según Francisca Verdejo, jueza de violencia contra la mujer de Barcelona, esta falta de valoración deja «solo al magistrado ante un atestado y las declaraciones de la víctima y el agresor para que decida». «Nos quedamos solos en medio de un océano, sin todos los elementos para valorar la situación objetiva de riesgo de la víctima», lamenta. Y prosigue con otra queja: «Yo hago mirar si los denunciados tienen antecedentes o procesos abiertos, aunque solo puedo acceder a datos de Catalunya, no del resto de España».

Sin forenses expertos

Otro obstáculo con el que se topa es la falta de una «valoración integral», a cargo de forenses y psicólogos. «Antes, en las guardias contábamos con un forense experto en violencia de género; ahora pasa por el servicio el forense que le toca, sin que tenga que ser un especialista», lamenta.

La fiscal general, Consuelo Madrigal, se quejaba en su memoria correspondiente al 2014 de que no se haya conseguido implantar esas unidades integradas «en todas la demarcaciones judiciales». Y deja constancia de que no existe ninguna en las provincias de «Girona, Tarragona, Lleida, Zaragoza, Huesca, Baleares, Toledo y Cuenca». Tres de las ocho, catalanas.

La diputada del PSC en la comisión de Igualdad del Congreso, Lourdes Muñoz, coincide con la magistrada Verdejo en que contar con forenses especializados sería clave y recuerda que esta figura, así como esos equipos con psicólogos y asistentes sociales, figuran en las leyes de violencia de género, tanto la del conjunto de España como la aprobada por el Parlament en el año 2006. «Las dos leyes son muy avanzadas, especialmente la de Catalunya, lo que ocurre es que ninguno de los dos gobiernos las ha desplegado porque en la agenda de ambos no figura la lucha contra la violencia machista. No es suficiente con tener una buena ley, hay que aplicarla», remacha.

Esta materia fue uno de los primeros blancos de los recortes. Los tijeretazos se han llevado por delante la formación de los profesionales que intervienen en el proceso. Ante la falta de valoraciones objetivas, la respuesta de los jueces podría haber sido curarse en salud y conceder la protección por si acaso. Así ocurrió en los primeros años, tras la aprobación de la ley contra la violencia de género, porque existía una intensa presión social y política. Pero ahora, al tratarse de una decisión subjetiva, «muchos jueces priman el derecho a la deambulación del denunciado frente al derecho de la maltratada», afirma Mercè Claramunt, responsable del turno de oficio del Col·legi d'Advocats de Barcelona.