Los cardiólogos imploran al Gobierno una ley estatal de cardioprotección

En España no existe una legislación única en materia de cardioprotección. Sí disponemos de un decreto ley del 2009 que se limita a marcar los mínimos de calidad y seguridad en el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. A partir de ahí, cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento ha redactado su propia normativa, con mayor o menor presencia de estas máquinas, tanto en el espacio público como en los equipamientos o en según qué edificios privados muy concurridos. En resumen: la probabilidad de superar un infarto va por ciudades.

El paro cardíaco se cobra cada año en nuestro país la vida de más de 25.000 personas (68 cada día), un número muy por encima de las 1.200 que fallecieron en el 2017 en accidentes de tráfico y superior a las cerca de 22.000 que pierden la batalla contra el cáncer de pulmón o las 20.000 vencidas por la demencia. La muerte súbita es, según el doctor Ignacio Fernández Lozano, presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), "la gran desconocida de la sanidad". Una de las herramientas más útiles, prosigue este cardiólogo miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), es el desfibrilador. Y saber combinarlo con el masaje cardíaco (RCP). Por eso le cuesta tanto entender que no exista un plan estatal, que llevan años reclamando, para promover su instalación en todo tipo de inmuebles y equipamientos, tanto públicos como privados.

Un desfibrilador junto al ascensor

En la cola de Europa

Según la SEC, en España hay solo tres desfibriladores por cada 10.000 habitantes, una cifra que sitúa a nuestro país como farolillo rojo de Europa. "Tenemos cinco veces menos que en Alemania, Inglaterra o Italia; ocho veces menos que en Francia, Dinamarca o Suecia (los punteros en Europa), y 25 menos que en Japón, el país más desarrollado en este aspecto", concreta Fernández Lozano, convencido de que "no hay nada en Medicina que pueda salvar más vidas”.  

El presidente del CERCP lamenta que la iniciativa privada esté haciendo el trabajo que debería corresponder a la Administración pública respecto a la apuesta por estas máquinas salvavidas. Los gobiernos autonómicos están intentando poner su grano de arena, aunque de manera desigual y sin una hoja de ruta pactada. Por eso, a efectos de salvar la vida, no es lo mismo que se te pare el corazón en Valencia que en Santiago de Compostela, por poner un ejemplo.

Es cierto que el decreto del 2009 marca el camino: "Se estima que cada año se producen en España más de 24.500 paradas cardiacas, lo que equivale a una media de una cada 20 minutos y la fibrilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85% de las paradas cardiacas extrahospitalarias”. Pero a partir de esa presentación, libre albedrío, hasta el punto de que algunas normativas son de obligado cumplimiento mientras que otras son meras recomendaciones.

Según te pille

Ahí van algunos ejemplos de las diferencias entre regiones. Sobre centros comerciales, por ejemplo. En Andalucía, los desfibriladores son obligatorios en "grandes superficies minoristas", sin concretar; en Aragón, en los que tengan más de 1.000 metros cuadrados (2.500, en el caso de Madrid y Asturias); en Euskadi tan solo se habla de "grandes establecimientos". En cuanto a los equipamientos deportivos, lo que manda es el aforo. Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón coinciden en un mínimo de 500 personas, mientras que Canarias iguala y sube hasta 1.000. Ninguna mención en el resto de autonomías. Por lo que respecta a los centros educativos, los centros valencianos con más de 1.500 alumnos deben disponer de un desfibrilador, mientras que en Euskadi son necesarios un mínimo de 2.000, igual que en Catalunya, donde se especifican mayor protección en el caso de escuelas para personas con discapacidad. En el caso de Madrid, que aprobó su decreto de cardioprotección en septiembre del año pasado con una inversión de 1,6 millones de euros (2.100 máquinas), no se concreta el número de usuarios potenciales.

La poca sapiencia en materia de muerte súbita queda reflejada en el número de personas que sabrían (o dicen saber) qué hacer en caso de encontrarse ante un hombre o una mujer a la que se le ha parado el corazón. Según el Estudio Cardioprotección en España 2016, solo el 3% sabrían realizar una reanimación cardiopulmonar al afectado. Estas maniobras, junto con el uso del desfibrilador, aumentan un 90% las probabilidades de salvar la vida en caso de parada cardíaca. Si se tiene en cuenta que a los 10 minutos ya no hay nada que hacer y que una ambulancia en Barcelona tarda 11 minutos de media en llegar a la emergencia, cualquier prevención tiene sentido.

El ejemplo de Girona

Fernández Lozano pone como ejemplo de cardioprotección a la Diputación de Girona, que empezó a instalar desfibriladores en el 2009. Se colocaron 502 en 221 municipios, con la peculiaridad de que cuando alguien lo cogía, se activaba una llamada automática al 112 para mandar efectivos sanitarios al lugar. El despliegue de máquinas ha ido de la mano de unos cursos de formación por los que ya han pasado 21.000 personas. Son gratuitos y puede apuntarse cualquiera, pero están especialmente pensados para personas que, por su trabajo o cercanía con el desfibrilador, tienen más probabilidades de usarlos. Eso incluye a "policías, conserjes o funcionarios responsables de equipamientos públicos", según detalla un portavoz de la diputación.

Otros  241 desfibriladores se han cedido a los distintos cuerpos de seguridad para que los lleven siempre en su vehículo, siempre bajo la premisa de que una respuesta rápida es, ante una parada cardíaca, fundamental. En estos últimos años, solo en la provincia de Girona, y sin una única ley para todo el Estado, estos aparatos le han salvado la vida a 38 personas.