Caldes de Malavella llevará a los juzgados a los okupas delincuentes o incívicos

El Ayuntamiento de Caldes de Malavella (Selva) ha presentado este martes un protocolo de actuación ante casas y pisos ocupados, en el que se prevé llevar a los juzgados a los okupas que lleven a cabo actividades ilícitas en las viviendas o que alteren la convivencia ciudadana. La iniciativa es la respuesta municipal a la constatación de que en el municipio hay cerca de unos 40 chalets ocupados (situados en diferentes urbanizaciones del pueblo y normalmente propiedad de bancos). En algunos de ellos se cultiva marihuana y, en muchos casos, se han instalado personas que no necesitan ayudas sociales y que causan muchos problemas a los vecinos.

El alcalde Salvador Balliu, que también es el presidente del Consell Comarcal de la selva, ha explicado que el ayuntamiento ha detectado que hay un grupo de unas cinco familias que han ocupado varias casas en distintas urbanizaciones (algunas de ellas se ha adueñado de hasta tres chalets) y que, además de cultivar maría, “hacen fiestas muy a menudo a altas horas de la noche, tienen las instalaciones eléctricas pinchadas, dejan sueltos a perros de razas peligrosas o se enfrentan directamente con los vecinos”.

UNAS 1.200 VIVIENDAS OKUPADAS EN LA COMARCA

Durante la presentación del protocolo, que se ha llevado a cabo en la junta de seguridad de la población, ha trascendido que las diferentes administraciones implicadas calculan que solo en la comarca de la Selva hay cerca de 1.200 viviendas ocupadas. Muchas de ellas en unas condiciones y para unas actividades semejantes a la que se llevan a cabo en Caldes de Malavella. “Es como una mancha de aceite que se está extendiendo en todo el territorio”, ha denunciado Balliu.

El protocolo aprobado establece dos tipos de actuación cuando se detecte que una vivienda está ocupada. En primer lugar se identificará a los okupas y se les citará para que los servicios sociales valoren su caso, realicen un informe de su situación, y, si se considera que cumplen los requisitos, se les proporcionen ayudas sociales. En estas situaciones de vulnerabilidad económica, el propio ayuntamiento mediará ante los propietarios de las viviendas para intentar conseguir que a estas familias se les aplique un alquiler social. Para aplicar esta vía, el consistorio exigirá que haya un compromiso e implicación de la parte afectada para hallar una salida satisfactoria a su situación de precariedad.

LA VÍA JUDICIAL

En los otros casos, en los que no haya voluntad de cooperación por parte de los okupas y, especialmente cuando se constate que se llevan a cabo actividades ilegales y comportamientos incívicos, se prevé la supresión de cualquier ayuda social que se esté facilitando, la intervención de la Policía Local y la comunicación a los bancos u otros propietarios de que la vivienda está okupada para que presenten una denuncia para que se lleve a cabo el desahucio.

En estas situaciones, el consistorio intentará convencer a los bancos que aporten las viviendas afectadas a la bolsa de alquiler social del municipio.

En caso de que esta vía no prospere, será entonces el ayuntamiento el que llevará el caso al juzgado por situaciones de alteración del orden público, fraude en el suministro eléctrico o alteración de la convivencia ciudadana.