La ATM apuesta por más control público sobre la T-Mobilitat

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordado este miércoles incrementar el control público de la T-Mobilitat, un nuevo sistema de pago inteligente en el transporte público con el que se pasará de la banda magnética al chip, después de que las tres instituciones que la integran (Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona) hayan decidido renegociar el contrato actual, ha informado en un comunicado.

Las tres administraciones y los operadores públicos han consensuado su implicación para hacer prosperar el proyecto una vez renegociado con la Societat Catalana per a la Mobilitat. Se plantean, de forma especial, desarrollar la parte referida a la implantación, mantenimiento y operación de los sistemas tecnológicos, además de la gestión de las bases de datos y de la atención e información al usuario.

SISTEMA DISCUTIDO 

El control de la base de datos de los usuarios es, precisamente, uno de los caballos de batalla en las desavenencias surgidas desde que se planetó el proyecto y que se hizo más evidente a raíz de la llegada del nuevo equipo de gobierno al Ayuntamiento de Barcelona. El contrato actual está adjudicado al operador privado Societat Catalana per a la Mobilitat, en el que se integra el consorcio formado por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Marfina.

La concejal de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado y ha recordado que el gobierno municipal había expresado desde el primer momento su disconfirmidad con el contrato existente. "Todo esto no puede caer en manos privadas y debe gestionarse íntegramente desde los poderes públicos", ha reflexionado Vidal, que también considera que el acuerdo permitirá disponer de un sistema tarifario más sencillo y aplicar tarifas sociales personalizadas.  

PRIVACIDAD DE LOS USUARIOS

El servicio se adjudicó a SOC Movilidad a finales del 2014 por 58,1 millones de euros y un plazo de 13 a 15 años. La adjudicación suscitó reticencias desde el principio entre plataformas de usuarios como Stop Pujades y Promoción del Transporte Público (PTP), por la gestión de las tarifas y de los datos, y el mantenimiento de la privacidad de los usuarios. Se prevé que el consorcio liderado por CaixaBank percibirá entre 22 y 25 millones de euros anuales por una inversión inicial de 70 millones.

La voluntad del Govern es que el despliegue de la T-Mobilitat, que sustituirá los 84 abonos actuales (14 tipos de títulos por seis zonas de transporte), se inicie en Barcelona y que esté operativa en el resto del territorio entre este año y el que viene. La T-Mobilitat incorpora una tecnología con un chip electrónico que se podrá implantar en la propia tarjeta y en otros soportes como relojes, pulseras, ropa y telefónos móviles.

El precio del transporte estará adaptado a la movilidad de cada ciudadano, de forma que se premiará la recurrencia: el precio del viaje será más barato cuantos más desplazamientos se hagan.