Aprobado el desalojo exprés de pisos de particulares ocupados

El calvario judicial que deben afrontar las personas que se ausentan de su casa para irse, pongamos, de fin de semana, y cuando regresan encuentran su piso ocupado tiene los días contados. Una reforma de la ley de enjuiciamiento civil aprobada esta martes por la Comisión de Justicia del Congreso permitirá el desalojo exprés de las viviendas cuyos propietarios sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". 

El texto ha salido adelante tras un tenso debate y por un ajustado marcador de 19 votos a favor y 18 en contra, estos últimos de Unidos Podemos, PSOE y ERC, que consideran que no se garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan protagonizado estas ocupaciones. La reforma pasará ahora al Senado, donde será ratificada sin problemas al disponer el PP de mayoría absoluta. Antes del verano podría entrar en vigor. 

Entre uno y tres meses

La diputada del PDCat Lourdes Ciuró, la promotora de la modificación legislativa, cree que los desahucios podrán llevarse a cabo en un plazo de entre uno y tres meses frente a los dos años hasta los que llegan a alargarse en la actualidad.

La clave de la reforma es que no será necesaria recurrir a la vía penal con la celebración del correspondiente juicio. Tras la denuncia del propietario y una vez demostrada la titularidad de la propiedad, el juez llamará al ocupante para que justifique su situación, tras lo cual podrá decretar el desalojo inmediato. A posteriori podría recurrir judicialmente. La nueva norma no solo ahorra tiempo sino costes del procedimiento judicial a la víctima de la ocupación.

"Extendemos a la vivienda un mecanismo que existe para otras propiedades que han sido robadas"

Lourdes Ciuró

— Diputada del PDCat

"Se trata de extender a la vivienda un mecanismo que ya existe para recuperar otras propiedades que han sido robadas. Erea inaudito que el bien más preciado que puede poseer una familia, su vivienda, estaba excluida de este procedimiento", ha argumentado Ciuró.

Tampoco la Sareb

Por el nuevo sistema no podrán desahuciarse ni a los inquilinos que dejan de abonar el recibo mensual ni el propietario que no paga las cuotas. Tampoco podrán tirar del mismo los denominados fondos buitres, ni las grandes inmobiliarias ni los bancos, gracias a una enmienda transaccional incorporada a última hora y que tanto el PP como Ciudadanos se habían resistido a introducir. Ni siquiera el 'banco malo', la Sareb, podrá beneficiarse del mecanismo porque el 51% de sus acciones están en manos privadas.

Sí se beneficiarán las oenegés o las administraciones que "no pueden adjudicar pisos sociales porque los tienen ocupados, como le ocurrió al Ayuntamiento de Mataró con 80 viviendas cedidas por una banco, que estaban todos tomados por terceras personas".

Ciuró sostiene también que la medida contruibuirá a luchar tanto contra los narcopisos, en la medida en que podrán ser desalojados si sus propietarios no son empresas o fondos buitres, como contra las mafias que se lucran arrendando las viviendas que toman por asalto.

Informe sobre la situación de la familia

¿Si los protagonistas de la ocupación son familias en situación de riesgo podrán quedarse en la calle en un pispás? No exactamente. La reforma prevé que si los ocupantes alegan encontrarse en esta situación, los servicios sociales del ayuntamiento deberán emitir un informe en un plazo de siete días y, en caso positivo, reubicarlos en una vivienda social. 

"Siento vengüenza de que la primera ley de vivienda de esta legislatura sea para agilizar deshaucios"

Lucía Martín

Tanto el grupo liderado por Pablo Iglesias como el socialista sostienen que esa medida no garantiza el realojo dada la escasez de pisos sociales en manos de las administraciones, algo que el PDCat admite. "No puede garantizarse que las personas que han optado por entrar por la fuerza a una vivienda van a pasar por delante de los que se han apuntado a las listas y siguen los cauces legales establecidos para que les adjudiquen una vivienda", ha advertido Ciuró, no sin recordar que el Parlament de Catalunya "aprobó por unamidad que una ocupación no otorga el derecho preferente de acceso a un piso social".

Recurso ante el Constitucional

Las críticas de Podemos no se han quedado ahí. Lucía Martín, de En Comú Podem, ha asegurado "sentir vergüenza" de que la primera ley de vivienda que se apruebe en esta legislatura sea para acelerar desahucios. "No va a la raíz del problema. Sabemos  que la mayoría de ocupaciones són en viviendas de grandes propietarios que esperan un mejor situación del negocio. Hasta que se acabe con esta especulación seguirá el problema", ha censurado.

El diputado de Podemos Rafa Mayoral ha ido más allá y ha advertido que recurrirán "inmediatamente" la ley ante el Tribunal Constitucional porque consideran que viola el derecho a una vivienda digna recogido en la Carta Magna. "La reforma supone un plan de desplazamiento forzoso de 300.000 persones que están en situación de vulnerabilidad", ha aventurado.

"Se crea un sistema excepcional sin juicio que atenta a derechos fundamentales"

Pilar Rominguera

— Diputada del PSOE

El PSOE no tenía fácil justificar su rechazo dado que había votado a favor del texto cuando lo aprobó la ponencia legislativa, hace tan solo cinco días, el jueves pasado. Fuentes parlamentarias han atribuido el cambio de última hora al intento de no dejar solo en la oposición al grupo de Pablo Iglesias. Además de la falta garantías para el realojo, su diputada Maria del Mar Romiguera, ha aludido a que se trata de un mecanismo "excepcional sin juicio" que atenta a derechos fundamentales.