Los alcaldes exigen recuperar la subvención para guarderías de antes de la crisis

Algunos tuvieron que subir las cuotas que pagaban las familias. Otros asumieron el servicio con fondos propios, en vista de que no lllegaban las ayudas comprometidas por la Generalitat. La mayoría acabaron reajustando sus presupuestos y sacrificando algunos proyectos para poder mantener abiertas las guarderías, un servicio que consideran básico para la conciliación de las familias y la primera socialización de los niños. Los ayuntamientos catalanes que en el 2012 y el 2014 dejaron de recibir el dinero de la Conselleria d'Ensenyament para garantizar el funcionamiento de los parvularios municipales reclaman a la Generalitat que vuelva a asumir la subvención y que duplique, al menos, su importe.

"Los 875 euros anuales por plaza que ahora aportan las diputaciones provinciales son claramente insuficientes para cubrir el coste del servicio", afirma Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Según calculó la misma Generalitat en el 2011, cada plaza escolar del primer ciclo de educación infantil (la etapa de cero a tres años) tiene un coste de 5.400 euros. El compromiso entonces fue el de que Ensenyament se iba a hacer cargo de una tercera parte de ese importe (1.800 euros), que los ayuntamientos asumirían otro tercio y que las familias pagarían el 33% restante. 

La Generalitat desvió a la escuela concertada 81 millones de guarderías públicas

Apenas un año después de este compromiso, a mediados del 2012, la Generalitat decidió rebajar de forma unilateral su aportación y la fijó en los 875 euros actuales. Antes de que terminara ese ejercicio, Ensenyament desvió 42,7 millones de los fondos inicialmente previstos a la partida de conciertos educativos, según ha reconocido en una carta certificado enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En el 2014, la consignación presupuestaria, de 45 millones de euros, fue transferida a otros conceptos (una parte también fue a la escuela concertada) y la subvención la asumieron las cuatro diputaciones provinciales catalanas, que siguieron pagando los 875 euros por plaza y año.

"Los ayuntamientos han tenido que hacer un importante sobreesfuerzo para sostener la red de guarderías municipales: primero, porque los pagos en esa época llegaban con varios años de demora y, segundo, porque el recorte se consolidó", denuncia Parlon. En su caso, detalla la alcaldesa de Santa Coloma, "el consistorio tuvo que reajustar partidas asistenciales para seguir atendiendo los parvularios y eso acabó afectando a algunos programas de igualdad y de violencia de género, entre otros".

Por eso, argumenta Esther Niubó, diputada del PSC en el Parlament y portavoz de su grupo político en la comisión de Educación de la Cámara catalana, "se ha aprobado una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat para el 2017 que insta a Ensenyament a aumentar la aportación hasta 1.600 euros". La propuesta, apoyada por todas fuerzas parlamentarias salvo JuntsxSí, incluye la demanda de que la financiación de los parvularios públicos vuelva a manos de la Generalitat, "que es la tiene las competencias sobre ellas", insiste Niubó.

PÉRDIDA DE ALUMNOS

La Diputación de Barcelona, que al hacerse cargo de la financiación de los jardines de infancia municipales también asumió la deuda que la Generalitat tenía pendiente desde el curso 2012-2013, ha abonado desde ese año hasta ahora un total de 86,7 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia, a excepción de la ciudad de Barcelona. A ellos hay que añadir, indican fuentes de la corporación que preside Mercè Conesa, otros 3,7 millones correspondientes a la partida descrita como fondo para la escolarización. La ayuda ha pasado de los casi 23 millones de euros del 2012-2013 a 20,4 millones del 2015-2016 por la caída de alumnos que han registrado estos centros educativos.