Violencia, la pieza que chirría en el relato de Llarena

Los intentos del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena por justificar que en Catalunya hubo "alzamiento violento", elemento imprescindible para poder hablar de rebelión, habían generado muchas críticas en el mundo judicial en España. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, habían sido algunos de los que lo habían puesto en cuestión. Pero esos reproches eran simples soplidos comparados con el viento huracanado que ha generado la justicia alemana al decretar que no ha habido la violencia necesaria para poder hablar de rebelión, castigada en España con hasta 30 años de prisión.

Un vendaval que pone a prueba la solidez del castillo de naipes que había construido Llarena en su auto de procesamiento de Carles Puigdemont y 12 líderes independentistas másCarles Puigdemont por rebelión. Un texto controvertido en el que comparaba la manifestación del pasado 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economia con "un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire". Para el juez del Supremo esas protestas reflejaban la existencia de "un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia".

En su recurso, Carles Puigdemont había alegado que no existe rebelión porque en el 'procés' no hubo "ningún tipo de violencia". Para argumentarlo, detallaba la tramitación parlamentaria del Código Penal de 1995, en el que se establecieron los límites de este delito. Su conclusión es que "la promoción de un proceso independentista es plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia". "Y por violencia -añadía- no cabe entender las manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños" en ellas. Ello podría "a lo sumo", afirma, "implicar la comisión de desórdenes públicos y, siempre a cargo de quienes llevasen a cabo dichas conductas".

La carta de los CDR

En las últimas semanas, viendo que no estaba claro que se pudiera encontrar violencia en el 'procés' para apuntalar la tesis de la rebelión, la Fiscalía General del Estado había girado su mirada hacia la acción de los Comitès en Defensa de la República (CDR). La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció el lunes que actuará contra "las intolerables actuaciones" que "vienen desarrollando los autodenominados CDR" en Catalunya. El ministerio público señalaba que las protestas desde el arresto de Puigdemont en Alemania "ensalzando con violencia a personas jurídicamente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado social y democrático de derecho" podían ser constitutivos de los mismos delitos por los que él y el resto de su Govern fueron procesados: rebelión y malversación.