Una ley de ordeno y mando

El ministro del Interior entregó finalmente ayer al Consejo de Ministros el proyecto que modifica y endurece la ley de seguridad ciudadana vigente en los últimos 22 años. Se habían producido tantas filtraciones sobre el contenido del texto, que alguien podría tener la impresión de que lo importante es que al final se ha suavizado. Pero no es eso lo relevante, sino el propósito de la ley Fernández, en alusión al apellido del titular del ministerio, de convertir en infracciones administrativas aquellos comportamientos que el Partido Popular considera reprobables, especialmente en lo que se refiere al orden público. Por ejemplo, impedir el desahucio de una familia estará multado con 30.000 euros, aunque muchas personas piensen que quizá tanto o más condenable es impulsar el desalojo de quienes no pueden seguir pagando su vivienda habitual. Interior quiere establecer una normativa férrea que proteja las actuaciones policiales contra viento y marea. Dado que los jueces se han resistido a considerar como delito lo que el ministerio así estimaba, el Gobierno se propone transformar tales comportamientos en infracciones administrativas para así proceder según su libre albedrío.

Si alguien cree que este país es objeto o escenario de disturbios o desórdenes especialmente graves, está equivocado. Si alguien cree que con seis millones de parados y el nivel de pobreza que se registra entre los españoles la ciudadanía se ha echado peligrosamente a la calle y provoca graves alteraciones, es que vive en otro mundo. Algunos dirigentes del PP quieren imaginar una España que no existe, y lo peor es que con eso desde el poder no hace más que cultivarse un distanciamiento creciente entre ciudadanía y políticos. Si algo puede sorprender de estos duros y largos años de crisis es precisamente la aparente resignación con que buena parte de la población asiste al desfile de la corrupción, al cinismo de políticos que intentan justificar a toro pasado, en libros de memorias, clamorosos errores y a las numerosas muestras de desconcierto en la gobernanza. Con este panorama, que el Gobierno endurezca la ley para castigar a quienes protestan -que no otro es el objetivo de la ley Fernández- no tiene ningún sentido. La paciencia de la que están dando muestra los españoles no merece esta gratuita muestra de autoritarismo.