Una caja que llenar

La Generalitat tiene una caja que llenar. Hoy por hoy, no controla todo el ciclo de los impuestos propios, cedidos y locales. Y el objetivo es lograrlo. Como los contribuyentes suelen liquidar mayoritariamente sus impuestos a través de los bancos, el pilar en el que se sustentará por ahora la ventanilla única es la gestión y notificación. Pero, especialmente, la recuperación de las deudas de tributos locales y autonómicos. Estos abarcan desde los impuestos cedidos, como sucesiones o patrimonio, hasta los propios, como el de transmisiones patrimoniales o el que grava las estancias turísticas o las grandes superficies comerciales.

Siguiendo este plan, en las próximas semanas, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) firmará convenios con las diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona, tras hacerlo con la de Barcelona, para realizar la recaudación ejecutiva especialmente de los gravámenes autonómicos. En la actualidad es la Agencia Tributaria estatal la que tiene delegada esa función, según el inspector de Hacienda Jordi Boixareu, director del Programa para la Aplicación y Desarrollo de los Tributos de Catalunya, dependiente de la secretaría de Hisenda (Conselleria d'Economia).

«Eso agota toda la competencia de la Generalitat» en materia tributaria, sin incumplir la ley, como avanzó el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, la víspera, explicaron ayer fuentes de ese departamento. Pero la estrategia está coordinada desde Presidència, dado que se trata de una de las estructuras de Estado nucleares. Por eso, el también inspector fiscal Joan Iglesias, contratado como asesor por Presidència, trabaja en este nuevo esquema.

Interconectados

La interconexión entre oficinas de las diputaciones y la ATC con el servicio de ventanilla única para ciudadanos y empresas comienza con 53 sucursales. El objetivo es llegar a 152 con un total de 1.399 empleados públicos adscritos. Eso sin incluir a la treintena de gestores tributarios de la ATC, un cuerpo propio de funcionarios para cobrar, notificar y realizar todas las tareas propias de una administración fiscal, previsto en la ley de acompañamiento de los presupuestos de este año.

La justificación para crear estas plazas es la distribución actual del personal de la ATC, donde los inspectores y demás cuerpos del subgrupo más alto en las categorías profesionales (el A-1), es el colectivo más numeroso, con el 30,3% de la plantilla (99 personas). En cambio, el subgrupo A-2 (en el que están desde el cuerpo técnico de valoración tributaria hasta otros de la administración especial y general) son solo el 8,9% (29 personas). Y ellos son quienes tienen que facilitar el pago de los impuestos.

El portal Tributs.cat (www.tri buts.cat) no es una sede fiscal sino una especie de agregador con las oficinas virtuales de las distintas diputaciones (la de la ATC, la de el organismo de gestión tributaria de la Diputación de Barcelona; la red Xaloc, de la de Girona; el de la de Lleida y la red Base, de la de Tarragona). El embrión de Hacienda propia no tramitará tampoco de momento las 200.000 multas que impone el Servei Català de Trànsit anualmente por falta de capacidad, según Boixareu. El esquema es de colaboración entre instituciones, en la actualidad todas gobernadas por CiU, frente al de competencia que ha existido hasta ahora, destacó el president Artur Mas.