EL PULSO SOBERANISTA

El TSJC retira a los Mossos el mando de la vigilancia del Palacio de Justicia

La Policía Nacional dirigirá el operativo de seguridad, que compartirá con los Mossos, del edificio ubicado en el paseo de Lluís Companys

J. G. Albalat / Barcelona

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha acordado este lunes retirar a los Mossos d'Esquadra el mando del despliegue de seguridad en el Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona, y ha decidido transferirlo a la Policía Nacional.  [Sigue las últimas noticias sobre la independencia de Catalunya en directo.]

Según la orden dictada por Barrientos, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) debe destacar y desplegar a partir de este lunes dentro del Palacio de Justicia, en su entorno y perímetro "los efectivos que se estimen imprescindibles" para su nuevo mandato. Los agentes de este cuerpo trabajarán, eso sí, "en colaboración" con los Mossos d'Esquadra allí destacados. Sin embargo, el presidente del TSJC insiste en recalcar que "el mando" del operativo estará en manos de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ya ha empezado a cumplir con la orden hace unas horas. Ocho furgonetas del CNP han aparcado este lunes por la mañana en la fachada posterior del edificio (en la calle de Roger de Flor), mientras en una de las puertas laterales (calle de Almogàvers) seguían vehículos de los Mossos.

Según el TSJC, esta medida responde a la decisión de "extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento" ante la posibilidad de que el Parlament de Catalunya decida este martes, a pesar de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, ejecutar el artículo 4.4 de la ley del referéndum, que prevé la aplicación de los resultados del referéndum unilateral del 1-O y acordar la declaración unilateral de independencia. Esto, según el alto tribunal, "viene a perturbar invariablemente la integridad del TSJC y la independencia de todos los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición".

El cumplimiento de la ley

Para justificar su decisión, Barrientos esgrime la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, que dispone que la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otras funciones, deben “vigilar y proteger los edificios e instalaciones pública que lo requieran” y “velar por la protección y seguridad de altas personalidades". El presidente del TSJC recuerda que esta misma normativa sostiene que las fuerzas de seguridad del Estado han de velar por “el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.

Además, dispone, detalla la orden, que "cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía de la comunidad autónoma, serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

"El presidente del TSJC entiende que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional", añade el alto tribunal. La ley establece, recuerda Barrientos, que los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las policías autonómicas "deberán prestarse mutuo auxilio",

Desde el 2005, los Mossos se encargaban en exclusiva de la vigilancia del edificio ubicado en el paseo de Lluís Companys de la capital catalana. La protección integra de todo el edificio no llegó hasta el 2010. Antes, era la Guardia Civil la que realizaba esta labor.

Fuentes de la Conselleria de Justícia han mostrado su malestar por la decisión del TSJC de retirar la vigilancia del edificio a los Mossos. "Nos hemos enterado cuando ya se había producido", ha asegurado fuentes del Ejecutivo catalán, que ha recordado que el edificio es de la Generalitat. La seguridad de los edificios judiciales están en manos de los Mossos y de compañías privadas de seguridad.

Algunos jueces y fiscales han mostrado estos días sus reticencias por la "inactividad" de los Mossos durante el 1-0, a la vez que han denunciado las presiones a los que están sometidos, como las concentraciones independentistas ante sus oficinas, como ocurrió en el TSJC antes del referéndum. La policía catalana tenía el encargo de la jueza del TSJC, Mercedes Armas, que tramita la querella contra Carles Puigdemont, de impedir la consulta, pero en muchos casos los agentes se limitaron a levantar acta.