El Supremo investiga si hubo una estrategia pactada para conseguir la independencia de Catalunya

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga a los cesados miembros del Gobierno catalán por un delito de rebelión, ha solicitado este lunes a la Guardia Civil que practique diligencias para "esclarecer" si hubo un eventual concierto entre CDC (ahora PDECat), ERC, ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) orientado a compartir una estrategia para lograr la independencia de Catalunya.  Del mismo modo, el juez ha acordado que se investigue si algunas de estas entidades han sufragado actuaciones acordadas por algunos de estos partidos políticos.

El magistrado pretende que la Guardia Civil recabe "los elementos objetivos" que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y las asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo "como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia", según el alto tribunal.

El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los supuestos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrantamiento ocurridos en Catalunya con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, así como su posible vinculación con los investigados. Además, pide al instituto armado un informe sobre las actuaciones de los denominados  Comité de Defensa del Referéndum y  Comité de Defensa de la República y por sus responsables, así como que indique quienes son los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento  Enfocats. Esto podría dar pié a la imputación de la candidata de ERC, Marta Rovira, así como de otras personas que podrían pertenecer a ese comité.   

Fondos públicos para las campañas

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes. Por último, solicita que se indague sobre las órdenes dadas por el Departamento de Interior relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas.

El magistrado reclama también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum unilateral,  diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación contra los miembros de la mesa del Parlament, el cesado Ejecutivo catalán y los representantes de ANC y Òmnium.