El Tribunal Constitucional suspende la resolución que fija el referéndum para el 2017

El pleno del Tribunal Constitucional ha vuelto a tener que intervenir en el proceso soberanista. Este miércoles ha suspendido en principio por cinco meses la resolución del Parlament que iniciaba la cuenta atrás del referéndum independentista, cuya celebración se prevé, "como muy tarde, en septiembre de 2017". La providencia acuerda, como pedía el Gobierno, advertir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto del Govern de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión" acordada y les recuerda las responsabilidades, incluida la penal, en la que podrían incurrir.

La suspensión obedece a la admisión a trámite del último incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy esta vez contra las resoluciones soberanistas aprobadas por el Parlament el pasado 6 de octubre. Se trata de los apartados de la resolución 306/XI denominados "El futuro político de Catalunya", "Referéndum", "Referéndum, amparo legal y garantías" y "Proceso constituyente". 

Pero, pese al revés que a priori supone la decisión del Constitucional para el ‘procés’, fuentes del Govern y de Junts pel Sí se felicitaban porque siga en pie otra resolución del debate de política general, pactada entre este partido y Catalunya Sí que es Pot, también relativa a la celebración de un referéndum y que no fue cuestionada por el Gobierno al apostar por una consulta pactada con el Estado. Con ella, afirman estas fuentes, la última decisión del TC no invalida las tareas del Govern para seguir trabajando en sacar adelante un referéndum.

En Madrid, mientras el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendía la suspensión, porque, decía, ”promover un referéndum sobre la independencia no está dentro del ámbito de competencias de un parlamento autonómico y lo que hace el Constitucional es recordarlo”, el portavoz en el Congreso de PDECat, Francesc Homs, se preguntaba si el Gobierno piensa “sacar los tanques” para evitar que se pongan urnas.

Homs tachó de “provocación” la resolución del Constitucional. “¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviar matones? Pues se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida”, aseguró en la Cámara baja.

EN MANOS DEL FISCAL

Ese callejón sin salida se hace visible si se tiene en cuenta que los acuerdos ahora suspendidos se aprobaron el mismo día que el Constitucional acordó por unanimidad remitir a la Fiscalía la actuación de la presidenta de la Cámara catalana, Carme ForcadellCarme Forcadell, en la votación del 27 de julio con la que se aprobaron las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente que abrían la vía de la unilateralidad. La presidenta declarará como investigada este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Entonces, el alto tribunal todavía no había avalado las nuevas armas con las que le dotó el gobierno del PP poco antes de perder la mayoría absoluta. Ahora, de cara a este nuevo incidente de ejecución, ya puede acordar la suspensión de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones mientras se produce esa situación y acordar la ejecución por otra Administración. No obstante, fuentes del alto tribunal insisten en la sensatez y prudencia del tribunal, por lo que, aseguran, antes de adoptar una medida de estas características advertirán varias veces a los responsables del incumplimiento.

La providencia de admisión a trámite incluye la concesión de un plazo de 20 días al Parlament para presentar las alegaciones oportunas para que el Constitucional las tenga al entrar en el fondo del asunto planteado por los Servicios Jurídicos del Estado, que entienden que la Cámara desobedeció otra vez la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que anuló la declaración soberanista que iniciaba el proceso, y el auto de 19 de julio que suspendió la constitución de la comisión de estudios.

ADVERTENCIA HASTA PENAL

El Constitucional, de acuerdo con lo solicitado por la Abogacía del Estado, también acuerda notificar personalmente su resolución a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa de la Cámara, así como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y demás miembros del Gobierno, a los que advierte de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

La Abogacía del Estado impugnó el pasado 14 de octubre los acuerdos que el Parlament había adoptado ocho días antes, consistentes en una propuesta de resolución por la que insta al Govern a "la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya, como muy tarde, en septiembre del 2017, con una pregunta clara y una respuesta binaria" y otras propuestas relacionadas con el proceso constituyente de una eventual nueva república catalana. En todas estas ocasiones, los diputados de Ciutadans, PSC y PP rehusaron votar al entender que todas ellas "emanaban de resoluciones previas suspendidas por el Tribunal Constitucional".

El diputado de Junts pel Sí Jordi Turull ha considerado que la nueva decisión del TC es una muestra más de que la "famosa operación diálogo es una operación monólogo". "Nosotros seguimos, no nos distraeremos, tenemos un compromiso y un mandato de los ciudadanos y mucho trabajo, y tenemos mucha prisa", ha añadido Turull, antes de reiterar la apuesta por la "política, democracia y urnas" del Govern y el Parlament.