Tensión en el Parlament por el espionaje a políticos y periodistas

Tensión en el Parlament por el supuesto seguimiento de la Generalitat a políticos y periodistas. La oposición ha cargado contra la mayoría independentista por retirar del pleno la propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso. Pese a que estaba en el orden del día, la Junta de Portaveus (con mayoría independentista) ha decidido retirarla, provocando la indignación de Ciutadans, PSC, PP y Catalunya en Comú Podem, los grupos que avalaban esta iniciativa.

"Se ha suprimido la propuesta por motivos políticos, hay cosas que molestan, como hacer una comisión investigación sobre el espionaje contra políticos y periodistas", ha clamado Carlos Carrizosa, portavoz de Cs. A raíz de la noticia publicada por EL PERIÓDICO sobre los informes del Cuerpo Nacional de Policía que atribuyen a la policía autonómica un "servicio ilegal de espionaje", tanto el partido naranja como los socialistas, populares y 'comuns' reclamaron una comisión de investigación en el Parlament. 

Tras su retirada del orden del día, al reclamarlo más de dos grupos parlamentarios se ha votado en el pleno su reinclusión, algo que han impedido los diputados de JxCat, ERC y la CUP. "No convencen a nadie", ha señalado Assumpta Escarp, en relación a los problemas de comunicación alegados por JxCat y ERC para no debatirlo. "Todo el mundo lo sabía", ha comentado la diputada del PSC, que ha considerado que era especialmente triste que se tomara esta decisión en el día de la libertad de prensa.

La portavoz de los 'comuns', Elisenda Alamany, ha desdeñado también que JxCat se escudara en una carta del ministerio de Interior que emplazaba a no abrir una comisión sobre un tema que está bajo investigación judicial. "Por este criterio no habría ninguna comisión de este estilo. Es una decisión política, no procedimental". Tras tildar de "cutre" la decisión de la Junta, se ha preguntado "a quién le da miedo transparencia".

"Servicio ilegal de espionaje"

Según los informes de la Policía Nacional, entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la Generalitat mantuvo un "servicio ilegal de espionaje" a través de los Mossos d’Esquadra que tuvo como objetivos a "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista".