La tensión se instala en la Fiscalía Anticorrupción

El "sosiego" reclamado este miércoles por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso para permitir a los fiscales hacer su trabajo no se conoce en Anticorrupción desde que decidió poner al frente de ella a Manuel Moix, pese a saber previamente que aparecía en las conversaciones intervenidas al expresidente madrileño Ignacio González en el 'caso Lezo'.

Fuentes conocedoras de la Fiscalía no dudan en hablar de "tensión" para definir cómo se trabaja en la dedicada a luchar contra la delincuencia económica y no sólo por el perjuicio para la imagen que entienden que supone que trascienda que un supuesto "corrupto" se felicite por el futuro nombramiento del que ahora es el fiscal jefe, sino por las propias decisiones que éste ha adoptado desde que el pasado mes de marzo tomó posesión de su cargo.

Su aterrizaje es definido como el de "elefante en cacharrería" hasta por los fiscales que le defienden. En menos de mes y medio ha adoptado varias decisiones cuando menos polémicas que han llegado al extremo de que un fiscal general pida disculpas públicas a un secretario de Estado. Moix, que llegó a la Fiscalía con un proyecto en el que destacaba que supervisaría cualquier decisión adoptada en la casa, tuvo la última palabra a la hora de facilitar a través del gabinete de prensa de Fiscalía General siete páginas del escrito de 43 con el que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de González.

Fuentes jurídicas niegan que con ello se haya revelado ningún extremo que estuviera secreto ni se haya frustrado ninguna investigación relativa a la participación que hubiera podido tener el número dos de la Policía en el 'chivatazo' que recibió Ignacio González sobre las pesquisas que se seguían contra él, pero la repercusión mediática que ha tenido una confusa frase sobre la "investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad" ha hecho que la labor de Anticorrupción sea cuestionada.

CAMBIO DE FISCALES

El episodio carecería de importancia de forma aislada, sobre todo teniendo que el Estatuto Fiscal prevé que el fiscal informe a la ciudadanía sobre los procedimientos judiciales, pero se suma a varios más. El principal es que los fiscales del caso tuvieron que acudir al artículo 27 de ese texto ante sus discrepancias con su superior en los registros que se iban a hacer al día siguiente. Este mecanismo previsto en el Estatuto es de tan rara utilización que las fuentes consultadas no calculan que se haya acudido a él ni una decena de veces entre todas las Fiscalías.

Tras escuchar a todos los fiscales Anticorrupción, Moix cedió y también se registró el Canal de Isabel II por la compra en 2001 de la filial sudamericana de la empresa pública. Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez aceptaron no utilizar la imputación de organización criminal en su petición de prisión para los detenidos. El problema es que en su decreto dando cuenta de los acuerdos, el fiscal jefe incluyó las dos fórmulas que incluye el artículo 27, pese a que ellos iban a cumplir la orden recibida y, por tanto, "quedaban eximidos de responsabilidad". Moix también escribió "ante la premura de tiempo para designar a otros fiscales en la llevanza del presente procedimiento", lo que en la Fiscalía Especial se interpretó como que quería apartar a ambos del caso.

No sería extraño, porque lo ha hecho con los encargados del 'caso del 3%' desde hace años, aunque la decisión definitiva todavía tiene que ser adoptada por Maza. Ambos, José Grinda y Fernando Bermejo, fueron además denunciados junto a un tercero, Juan José de Rosa, por un investigado en otros procedimientos en los que actúan y su superior decidió remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sin escucharles.

Entre medias, informaciones contradictorias sobre que Moix pidió a Yáñez que volviera a Granada, donde tiene su plaza, o que este fue el que dijo que quería dejar el caso, aunque no lo hizo por escrito. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general han defendido a capa y espada a Moix, cuya destitución es solicitada por todo el arco parlamentario a excepción del PP. Una situación incompatible con la calma que parece necesaria para investigar la corrupción.