Dos técnicos confirman que el Govern pidió a una empresa que siguiese adelante con el 9-N tras la prohibición del Constitucional

Dos técnicos de la empresa informática T-Systems han corroborado este jueves ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Generalitat instó a la firma a que continuara con los trabajos informáticos que se les había encargado en relación con el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014 a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) había prohibido la consulta soberanista alternativa. Los dos empleados de la compañía han declarado como testigos en el proceso judicial que se instruye por presunta desobediencia contra el expresidente catalán, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau.

Los trabajadores de T-Systems han explicado al juez del TSJC que investiga el caso que su empresa se encargó de desarrollar la aplicación informática utilizado para realizar el proceso participativo y que, en concreto, permitía saber a los ciudadanos si era en ese lugar donde debían votar e impedía que una persona pudiera hacerlo dos veces. Para construir esta aplicación, según han afirmado, se utilizó un callejero y ninguna base pública de datos personales.

Los testigos han asegurado que T-Systems solo desarrolló la aplicación y que fue otra empresa (Fujitsu, según la documentación incluida en la causa) la que lo instaló en los ordenadores. Esta operación, han agregado, se realizó el 7 de noviembre, es decir doss días antes de la consulta alternativa y después de la prohibición del TC. Durante el 9-N, han detallado los técnicos, sí que hubo un equipo de guardia por si surgían dudas entre los voluntarios y para evitar ataques informáticos.

DUDAS DE LA FISCALÍA

Los empleados de T-Systems, además, han negado que se creara un programa denominado Invictus para el proceso participativo. Este proyecto incluía la creación de una base de datos ciudadanos a raíz del registro de asegurados del Servei Català de la Salut. El encargo era anterior al 9-N y, según los testigos, no tenía nada que ver con el 9-N, aunque han puntualizado que desconocían si el Centre de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) lo llegó a usar para la votación. La plataforma estuvo de pruebas y se entregó entre el 2013 y el 2014. Las dudas de la fiscalía se han producido porque el aplicativo si usado el 9-N se incluyó en el mismo encargo que el proyecto Invictus. "Había relación contractual, pero no técnica", ha afirmado un letrado de la defensa.

El abogado Javier Melero, que representa a Artur Mas, ha asegurado a los medios de comunicación que, a su entender, ya se han practicado todas las pruebas y diligencias necesarias. "Es una cuestión de valoración. Es decir, si se considera que se ha cometido o no delito", ha explicado.