El TC suspende en tiempo récord el 9-N y los actos de preparación

El Tribunal Constitucional acordó ayer en un tiempo récord la suspensión de la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N por «la trascendencia constitucional y política» del desafio catalán «para la sociedad española en su conjunto y en particular para la catalana». El acuerdo se adoptó solo siete horas después de que el Gobierno registrase sendos recursos en esta sede judicial y dos días más tarde de que fueron publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Los magistrados, además, dejaron sin efecto todos los actos de preparación de la consulta.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció, en una comparecencia de prensa, la presentación de los recursos que justificó porque «una parte no puede tomar decisiones sobre todos». La abogada general del Estado, Marta Silva, ejecutó el mandato del jefe del Ejecutivo central y a las 13.17 minutos acudió a la sede del alto tribunal donde registró las demandas. En ellas se pide a los jueces que suspendieran los artículos de la ley de consultas catalanas que regulan el referéndum, y el decreto de convocatoria firmado por Artur Mas el pasado sábado en un acto solemne celebrado en el Palau de la Generalitat.

PETICIÓN INUSUAL / Además, reclamó -de forma inusual- que suspenda «las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como cualquier actuación vinculada a la referida consulta». Y es que la Generalitat ya ha firmado tres convenios relacionados con la infraestructura del referéndum y esta semana estaba previsto que se constituyera en el Parlament la comisión de control.

Al filo de las dos de la tarde se supo que el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, había convocado un pleno para esta misma tarde para admitir las demandas del Gobierno. A las 18:45 comenzó la sesión del pleno que duró poco menos de una hora.

LOS PONENTES / Los jueces firmaron dos providencias, una para cada recurso. El magistrado conservador Pedro González Trevijano será el ponente de la ley de consultas y el progresista Juan Antonio Xiol, el encargado del decreto de convocatoria. La decisión sobre los plazos de la sentencia queda ahora en manos de estos ponentes, aunque ayer este aspecto no se debatió en el pleno.

En ellas se acuerda admitir las demandas y suspender las normas cuestionadas y se da un plazo de 15 días al Govern, al Parlament, al Congreso y al Senado para que presenten alegaciones a esta medida. El Govern ya anunció que recurrirá.

También se explica que dicha suspensión tiene efectos desde ayer para el Govern -la fecha en la que se presentaron los recursos- y desde que se publique en el BOE para terceros (ayuntamientos, asociaciones y partidos). En las providencias se explica a Mas que la suspensión alcanza a «cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación» de la ley y el decreto suspendidos.

Asimismo, los magistrados hicieron público un comunicado para responder a las críticas suscitadas por su rápida respuesta. El pleno del alto tribunal explica que no podían «demorar su resolución» porque están en juego cuestiones de trascendencia «constitucional y política». También aclaran que su decisión se adopta tras comprobar que los recursos del Gobierno reúnen «las condiciones procesales de admisibilidad sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos».

La medida del alto tribunal se comunicó «inmediatamente» al presidente de la Generalitat y al Parlament por vía telemática y también se les hará llegar por correo ordinario. Esta suspensión durará un máximo de cinco meses. Si antes de este plazo no se ha dictado sentencia, el tribunal deberá dictar un auto en el que confirme o levante la suspensión. Y en todos estos trámites no está obligado a analizar el fondo de la cuestión, es decir, cuál de las dos partes tiene razón.

LAS REACCIONES/ La decisión del alto tribunal, a pesar de ser la crónica de una suspensión anunciada, cayó como un jarro de agua fría en Catalunya. Más criticó «la hostilidad» del Gobierno de Rajoy e ironizó sobre la «velocidad supersónica» del alto tribunal en suspender el 9-N. Mientras, grupos independentistas convocaron manifestaciones en rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional.