BARÓMETRO DEL GESOP
Sondeo Catalunya: El 64% pide a Sánchez que inste a la fiscalía a suavizar las penas por el 'procés'
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Júlia Regué
Con la cuenta atrás en marcha, descontando el plazo que la fiscalía agotará hasta dar a conocer con qué acusaciones -y consecuentes penas- se presentará al juicio a los líderes del 'procés', se redobla la presión sobre el Gobierno para que inste al ministerio público y a la Abogacía del Estado a que suavice los delitos atribuidos a la cúpula del 1-O. Y es que según la última encuesta del GESOP para EL PERIÓDICO, el 64,4% de los catalanes creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe influir para propiciar una reducción de las penas previstas, mientras un 28,9% se niega a exigir cualquier injerencia.
Los encuestados no independentistas se dividen en esta cuestión, aunque son más los que reclaman un gesto a favor de los procesados, con un 49,2%, una cifra que prevalece frente al 43,1% que lo rechaza. Los votantes socialistas son los que registran mayor desencuentro, con un 45,7% a favor de un gesto del Gobierno y un 46,9% en contra, mientras que los simpatizantes de los 'comuns' abrazan la iniciativa con un 70,1%. En el centroderecha, en plena pugna entre el PP y Ciutadans, el rechazo es amplio, aunque el portazo de los naranjas es mucho más compartido en sus votantes (un 73,7% frente a un 56,9% de los populares).
Del tridente independentista, el electorado de la CUP es el que menos presión le piden al Gobierno (71,2%). Los republicanos, por su parte, son los que más exigen decididas instrucciones en favor de los presos, con un 86,7%, 10 puntos por encima de los posconvergentes (76,5%).
Contra la prisión preventiva
A ojos de los encuestados, la prisión preventiva es una medida excesiva. Un 81,8% defiende que los dirigentes del 'procés' deben ser excarcelados hasta la celebración del juicio, y solo un 15,2% avala la situación actual.
En la órbita independentista no sorprende que arrase la idea de la excarcelación con un 98,2%, aunque cabe subrayar que en la bancada de electores no secesionistas convence también a un 67%. En este sector, un 27,7% prefiere que sigan entre rejas.
El votante popular es el menos proclive a la libertad provisional. Solo un 33,4% de electores conservadores defiende la excarcelación. A la cola se sitúan los afines a Ciutadans, totalmente divididos en esta cuestión: un 44,3% reivindica que salgan de prisión y un 47,7% lo rechaza. Los votanets del PSC simpatizan mucho más con la puesta en libertad (71,3% a favor), aunque no llegan a la dimensión de Catalunya en Comú-Podem (87,9%).
Disputa en la "gravedad" de las acciones
Antes de conocer, previsiblemente este viernes, la decisión de la fiscalía y la Abogacía del Estado, los catalanes también se dividen sobre la gravedad de las acciones por las que se procesa judicialmente a los líderes del 'procés'. El 50,7% de los encuestados sostienen que las actuaciones de procesados son poco o nada graves, mientras que el 44,2% le otorgan "mucha" o "bastante" trascendencia. Las percepciones se corresponden bastante con el sentimiento independentista de los sondeados. Dos tercios de los adeptos al secesionismo (65,4%) quitan hierro a los presuntos delitos, pero más de la mitad de los contrarios a la independencia (55,3%) censuran con un mayor grado de gravedad las actuaciones del independentismo.
Los simpatizantes de la bancada popular vuelven a ser los severos sobre la gravedad de las actuaciones (88,7%), seguidos por los naranjas de Ciudadanos (81,6%). La percepción de gravedad entre el votante socialista desciende hasta un 52,3%, y los morados se sitúan a la cola con un 41,3%. Los electores de JxCat, ERC y CUP diagnostican en cerca del 60%, en los tres casos, que las acciones no se corresponden en absoluto con las acusaciones judiciales que reciben por ellas.
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