El Síndic carga contra el 155 y pide "serenidad" para encauzar el diálogo

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este miércoles en el Parlament para condenar la aplicación del 155 y la judialización de la política en el conflicto catalán, unas actuaciones que ha tachado de "desproporcionadas". Acogiéndose a un informe que recoge la "vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas" desde el 1 de octubre, ha recetado "diálogo" para encauzar una nueva etapa con "serenidad".

Al 'president' Quim Torra le ha recordado que el conflicto catalán "no es un tema de estómago": "Unos han negado el diálogo y otros han planteado utopías", ha enfatizado, y ha recordado que las decisiones tomadas en los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017 eran "ilegales" y que el Estado actuó con "mecanismos constitucionales".

Al Estado, le ha advertido de que es una "inmensa injusticia que haya nueve personas encarceladas". Ha cargado contra el Gobierno del PSOE por las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo cuando aseveró que habían cometido delitos y ha llamado a salvaguardar la "presunción de inocencia". Asimismo, ha apostillado que los independentistas encarcelados son "presos políticos" y ha afirmado que "solo en Turquía y en España" hay parlamentarios entre rejas.

Para Ribó el origen del conflicto es "no haber sabido desarrollar el consenso de la Constitución", algo que se arrastra, a su juicio, desde el debate estatutario del 2006. ¿Y la receta? La excarcelación "inmediata" de los presos hasta que se inicie el juicio "con plenas garantías" y que se encauce un "diálogo constructivo".

Cs y PPC piden su dimisión

El diputado de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha vuelto a reclamar la dimisión de Ribó y ha asegurado que su "misa" se basa en informes "parciales" y que están "pensados para apoyar las tesis del Govern". El naranja ha anunciado que mandarán una misiva a los síndicos europeos para alertarles de que está "del lado de los que pisotearon los derechos" hace un año. 

Los populares han recogido la idea y han emplazado al bloque constitucionalista a "echar" a Ribó de su cargo. Andrea Levy (PP) lo ha acusado de ser un "comisario político" y de "desprestigiar a una institución tan importante". "Ha llegado el momento y ofrecemos esta iniciativa. La mejor recomendación es que se vaya", ha zanjado.

Los socialistas también han considerado que Ribó "no es imparcial ni independiente" y que "tiene preferencias para escribir informes de su agrado". La diputada Marta Moreta ha criticado que ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont "fueron capaces de impulsar el diálogo" y ha defendido que el 155 sirvió para "restablecer las instituciones que [los independentistas] se cargaron".

Juan Josep Nuet, de los 'comuns', ha afirmado que "algo no está funcionando bien en España" y ha dicho que para "suspender derechos fundamentales se debería haber aplicado el 116 y no el 155", que se refiere al Estado de excepción. "La lista de vulneraciones de derechos fundamentales es escalofriante", ha remachado.

Por su parte, el posconvergente Eduard Pujol ha acusado al Estado de "mentir". Ha definido el 155 de "trituradora de libertades, derechos, democracia y normalidad" y lo ha bautizado como "el hijo ilegítimo del decreto de nueva planta". "Fue un invento pensado para destruir", ha rematado. "No vamos a aceptar ninguna lección de moralidad", le reprochó Inés Arrimadas.

La republicana Anna Caula ha asegurado que el 155 supone una "vulneración a la participación política de la ciudadanía" y ha tachado el encarcelamiento de la cúpula del 'procés' de "secuestro". Además, ha afirmado que "se ha impedido el derecho a defensa de los acusados" y ha augurado que "también será vulnerado en el juicio".

Los 'cupaires' han subrayado que "no esperan nada de la judicatura española" y han vuelto a acusar al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de "actuar como legislador".