El saqueo de una institución cultural
Sin reproche a Osàcar
Como viene siendo habitual, Convergencia se limitó a contestar con un comunicado a las novedades sobre el caso Palau. Una respuesta en la que el partido de Artur Mas califica de «irreprochable» la actuación del extesorero, Daniel Osàcar, y la de su antecesor en el cargo, Carles Torrent.
En la dirección de CDC se interpretó ayer en cierta medida de manera positiva el texto del fiscal anticorrupción. Sostienen los responsables jurídicos del partido que el escrito de acusación no perfora la línea de defensa del partido por lo que se muestran «procesalmente tranquilos». Ni Osàcar ni Jaume Camps, también imputado, pertenecían ni pertenecen en el momento de los hechos al cuadro de mandos de la nave convergente. Fuentes cercanas a Camps sostuvieron ayer que la acusación sobre él es técnicamente «muy mala» y se basa en indicios «sin ninguna prueba».
Al no haber altos dirigentes implicados, según en el texto de la fiscalía, CDC podría decirse que no se siente directamente atacada. Si bien es cierto que el escrito de Emilio Sánchez Ulled describe un «círculo socioeconómico y político ensimismado donde intereses de todo tipo convergieron», el partido nacionalista sigue defendiendo que de las conclusiones extraídas por el fiscal no se desprende ninguna prueba definitiva sobre la acusación de triangulación corrupta entre Ferrovial, el Palau y CDC.
«Falso» y «no probado»
Por ello el comunicado de ayer del partido sigue calificando de «falsos» los hechos que se le imputan. Falsos y «no probados». Convergencia sostiene que «ni CDC, ni la Fundació CatDem [antiguamente la Fundació Trias Fargas], ni ninguna persona con relación orgánica con nuestro partido, nunca se ha lucrado ni del Palau de la Música ni de las entidades que dependen de esta institución».
Esa sigue siendo la clave. El escrito del fiscal habla de un «acuerdo criminal» entre los directivos de Ferrovial para pagar una cantidad total de 6,6 millones de euros en comisiones a CDC, participando así en su «financiación ilícita». Unos extremos que según Convergencia no podrán demostrarse porque las obras públicas adjudicada, sostienen, lo fueron en base a la legalidad.
Lo mismo que afirma Ferrovial. La empresa emitió ayer un comunicado en el que niega haber pagado comisiones y sostiene que «nunca ha llegado a acuerdos con la finalidad de alterar los procedimientos de adjudicación de contratos públicos». La constructora justifica sus pagos al Palau de la Música en concepto de «patrocinio de actos culturales».
A juicio del portavoz parlamentario socialista, Maurici Lucena, CDC debería asumir responsabilidades «muy arriba en el escalafón» del partido. Lucena no precisó a quién se refería para no «envenenar el buen clima previo» a la reunión de hoy entre Artur Mas, Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba. ICV-EUiA consideró que queda ratificada la vinculación de CDC con el expolio del Palau. La coordinadora nacional ecosocialista Dolors Camats criticó la «lamentable complicidad» de la Fundación del Palau con CDC por inhibirse a la hora de pedir penas de cárcel para miembros del partido.
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