Los símbolos franquistas, al albur de la voluntad política

Si hay algo que duele y humilla a muchas víctimas del franquismo no solo es comprobar que el Estado no abjura de aquella etapa negra, sino que también permite que en muchas calles y plazas aún se honre a quienes ordenaron o fueron cómplices de las ejecuciones masivas. La ley de memoria histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció que los vestigios fueran retirados de los edificios y espacios públicos, pero hoy, casi nueve años después de su aprobación, muchos siguen viendo de forma imperturbable el paso del tiempo.

Es imposible saber cuántas huellas del franquismo persisten, puesto que no se ha elaborado ningún censo que incluya los símbolos de titularidad estatal, autonómica y municipal. Catalunya sí elaboró, en el 2010, un listado que cifraba en cerca de 7.700 los recuerdos de la dictadura en las calles, pero tampoco se ha actualizado por falta de presupuesto. La ley, que permitía además la supervivencia de los vestigios declarados bien de interés cultural, no tuvo un desarrollo posterior que impusiera un plazo de retirada, ni remitía a ninguna norma con carácter sancionador, por lo que, según denuncian las asociaciones memorialistas, todo ha quedado en manos de la “voluntad de los gobernantes”.

A nivel estatal, el Ejecutivo de Zapatero elaboró también un registro, que cifró en 713 las distinciones en edificios gubernamentales que debían ser eliminadas. En julio del 2011 se habían retirado 608, pero la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, en noviembre de ese mismo año, paralizó la actualización de la estadística. El Gobierno del PP dice haber apartado “o estar en proceso” el resto, pero EL PERIÓDICO ha intentado reiteradamente saber cuántos símbolos han sido retirados y cuántos amnistiados -en función de las excepciones que marca la ley-, para proceder a comprobar si la versión gubernamental es cierta, pero los departamentos responsables no han ofrecido ninguna cifra.

DECENAS DE INCUMPLIMIENTOS

Además, Eduardo Ranz, abogado que ha emprendido una cruzada contra las administraciones que hacen caso omiso de la ley, ha registrado dos peticiones, una dirigida al Banco de España, y otra al Ministerio de Economía, para que supriman vestigios que ha comprobado que aún lucen en edificios de su titularidad. Según Ranz, el principal problema de la norma es que su “incumplimiento sale gratis”. Para tratar de paliar este problema, está investigando a cientos de administraciones (también a obispados) en busca de infracciones a denunciar.

Hasta el momento ha registrado 400 peticiones, de las que 50 se han transformado en demandas contra ayuntamientos de diverso color político. Los primeros litigios comienzan a dar resultados y obligan a regidores a elaborar catálogos de huellas franquistas y a proceder a arrinconarlas. Ranz avisa de que si los ediles persisten en su desacato, procederá por la vía penal. Ahora falta por ver si algún alcalde o responsable eclesiástico es capaz de sentarse en el banquillo en lugar de reconfortar a las víctimas.