El Senado aprueba definitivamente la reforma que permite al TC suspender a Mas

Ciudadanos se abstiene con el argumento de que el Gobierno ha permitido que el 'president' incumpla las leyes

PATRICIA MARTÍN / MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Senado ha aprobado este miércoles, con los votos del PP y UPN, la abstención de C's y la negativa del resto, la reforma que permitirá al Tribunal Constitucional (TC) sancionar o suspender en sus funciones a Artur Mas si promueve una declaración unilateral de la independencia o desobedece alguna de sus resoluciones y que fue presentada en plena precampaña por el candidato del PP, Xabier García Albiol, en el Congreso.

Con su aprobación en el pleno y dado que el PP no ha aceptado ninguna enmienda, la polémica reforma será definitivamente refrendada para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor inmediatamente, sin necesidad de que vuelva al Congreso.

La Cámara Alta ha aprobado la reforma tras cinco horas de debate, en una sesión cargada de simbolismo, por varios motivos. En primer lugar, porque al mismo tiempo ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el 'president', declaración a la que se han referido casi todos los oradores para rechazar que la fiscalía haya llevado ante los jueces a Mas por el proceso participativo del 9-N. Supone un "error de gran magnitud" de la fiscalía porque la "querella" interpuesta contra el líder de CDC es completamente "inconstente", ha sostenido José Montilla (Entesa del Progrés).

Asimismo, senadores como la republicana Ester Capella o el convergente Josep Lluís Cleries se han referido al 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys Lluís Companys, -Cleries ha asegurado que Mas está imputado "por Catalunya", el mismo motivo por el que fusilaron a su antecesor-. Si bien no todos han compartido, como Carles Martí (Entesa) que se compare a Mas con el 'president' republicano. "Es inmoral", ha sostenido Martí.

LA ÚLTIMA LEY DE LA LEGISLATURA

Además, se trata de la última ley que aprobará el Senado esta legislatura -en la tribuna ha habido varios discuros de despedida- y la mayor parte de la oposición ha reprochado al PP que precisamante se despida de la Cámara alta con una norma que "desnaturaliza" el TC y carece de cualquier "consenso".

La oposición ha repetido así los argumentos con los que se opuso a la norma en el Congreso, al considerar por ejemplo que la reforma que dota al TC de mecanismos para hacer cumplir sus sentencias es "innecesaria", como prueba la imputación de Mas por parte del TSJC. También ha recordado que el PP la puso en marcha en plena precampaña de las elecciones catalanas exclusivamente por motivos "electoralistas".

Asimismo, los distintos portavoces han reprochado al Ejecutivo su "incapacidad" política para resolver el conflicto catalán y su deseo de "judicializar la democracia", en palabras de Cleries. Y es que el largo debate ha derivado en un enfrentamiento entre el PP y toda la oposición sobre la respuesta que Mariano Rajoy ofrece a la situación política en Catalunya.

Desde el PP, José Manuel Barreiro, ha señalado que el Gobierno defiende la "pluralidad" de España, el autogobierno que permite la Constitución y ha defendido la reforma con el argumento de que es necesario "fortalecer" el Estado de Derecho.

LA ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS

Los senadores de Ciudadanos, Tomás Marcos Luis Crisol, se han abstenido pese a haber coincidido con el  resto de la oposición en que una "reforma de tal calado se haya presentado con una legislatura agotada y por parte de un candidato autonómico”.

Pero la fuerza naranja ha justificado su abstención con el argumento de que su partido "lleva diez años pidiendo que se protejan los derechos de los catalanes mientras PP y PSOE han mirado hacia otro lado y ahora se dan cuenta de que no se cumplen las sentencias del TC". En su opinión, el alto tribunal no puede seguir como está y "necesita una verdadera reforma que garantice su despolitización y romper la conexión entre partidos y jueces”.