INVESTIGACIÓN
20-S: El oscuro cerco a la CUP
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Júlia Regué
9.20 horas. Los trabajadores de la sede acudieron a cumplir con sus obligaciones cuotidianas. No sabían que estaban siendo vigilados por un operativo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional desde las ocho de la mañana, un dispositivo descrito en el 'Informe actuación sede CUP', al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y entregado al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, "en previsión de que por parte de militantes o particulares cometieran cualquier acto/os de favorecimiento del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional".
12.36 horas. Los agentes vieron estacionar un vehículo. Veinte minutos después aparcó otro. El último, cuatro minutos más tarde. Fotografiaron cómo diversas personas salían del edificio e introducían propaganda en los tres maleteros.
13 horas. Un derrape en el asfalto acalló la intervención de un responsable de prensa reunido con su equipo. A través del cristal de la sala reconocieron unos cuatro coches que frenaban forzosamente en el número 180 de la calle Casp y una veintena de encapuchados se asomaban a sus dependencias. "Pensábamos que se trataba de un asalto de extrema derecha hasta que un compañero nos alertó de que estaban registrando su coche y vimos que iban armados", relata la entonces jefa de prensa, Laia Gordi. Más de 6.000 carteles fueron incautados tras identificar a dos de los conductores.
Un protocolo readaptado
La CUP guardaba bajo llave un protocolo de actuación, diseñado después de haber sufrido ataques de grupúsculos ultras en el exterior del local. Inmersos en el caos, decidieron seguir las mismas instrucciones: clausurarse rápidamente, sellar la puerta para evitar su entrada y llamar al abogado de la organización que estuviera de guardia. Esta última indicación no hizo falta seguirla: se encontraba en el interior del edificio. "Salí a hablar con los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Me acerqué y les reclamé la orden judicial. Pero me ignoraron", asegura Eduardo Cáliz.
"Les enseñé mi identificación y me puse más serio. Entonces reaccionaron. Les pedí que se retirasen el pasamontañas para confirmar su identificación. ¿Sobre la orden? No me dijeron ni que sí ni que no". Llegaron más efectivos. El equipo de prensa prosiguió con el protocolo: lanzaron un mensaje en Twitter, abandonaron todos los chats y borraron las aplicaciones de su teléfono. Desempolvaron tres móviles de emergencia, sin conexión a internet, para comunicarse con el exterior. Algunos simpatizantes comenzaron a acercarse a la zona y fortificaron una cadena humana que hizo retroceder a los agentes y que evitó que identificaran al tercer conductor.
Los 'cupaires' se embarcaron en asambleas cada 30 minutos para actualizar la información y decidir sus actuaciones. Consensuaron que debían reiterar los llamamientos a la calma para "no caer en provocaciones" y resolvieron que pondrían en práctica la "resistencia no violenta". Las directrices eran claras: había que mantener el pulso sin que hubiese confrontación.
"Nos pusimos una camiseta en la que se podía leer ‘sin miedo’ y sacamos unos altavoces con música festiva para relajarnos", explica el edil Joan Coma. "Sentíamos la necesidad de resistir al embate y teníamos la responsabilidad de que eso no fuera un baño de sangre", añaden los otros dos.
16 horas. A un trabajador se le ocurrió repartir todo el material sobre el referéndum que guardaban en la sede. Así, si lograban entrar, no podrían requisarlo. "Formamos una cadena humana y nos fuimos pasando los carteles al exterior", recuerdan.
También quisieron minimizar las repercusiones sacando material informático: "Los vecinos se ofrecieron a guardarlo. Portátiles y algunos móviles. Al día siguiente se lo agradecimos con un mensaje en sus buzones", comentan las mismas voces.
El 'legal team'
La interlocución con los agentes pasó de unas manos a otras. Cuando la plana mayor del partido llegó a las puertas del local se repartieron las tareas. Confiaron en el exdiputado David Fernández para tratar con las UIP. "Era una conversación imposible. Nos decían que les habían avisado para proteger un registro. Acompañé al jefe de policía a la puerta de la sede para que viera que no había ningún agente en el interior. Cuando vio que no, no entendió nada y ordenó una retirada de 50 metros a sus efectivos. La orden judicial nunca existió", relata.
Mientras tanto, el abogado Benet Salellas movía hilos para activar un equipo jurídico de la órbita de los anticapitalistas que investigara lo sucedido. Lo bautizaron como el 'legal team'. No faltaba en la lista el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, junto a letrados como Marta Clapes y Àlex Solà. "Decidimos ir a denunciar los hechos y descubrimos que no habían ni pedido la orden judicial", insiste Cáliz.
19 horas. La concentración discurría en calma tensa. Hasta unas 2.000 personas se conjuraron ante la sede. Se hacía de noche y empezaban a preocuparse. "No sabíamos qué hacer. Los agentes no se marchaban. Algunos decían que debíamos intentar una acampada. Otros que desconvocáramos", afirman. Y, de pronto, sin previo aviso, los uniformados iniciaron su marcha "sin dar ninguna explicación".
Se celebró en los aledaños del local, pero no de igual forma en su interior. "Temíamos que volviesen aprovechando que los concentrados empezaban a irse. Así que nos apresuramos a recogerlo todo y en unos veinte minutos estábamos todos fuera y la calle prácticamente vacía". "Era una situación de mucho riesgo", explica Gordi.
Los agentes no volvieron a acercarse a la calle Casp. "Ganamos el pulso. Fue una clara previa a lo que sucedería el 1-O", sonríe, y Coma añade: "Sí, fue un aprendizaje que después pusimos en práctica".
Los anticapitalistas denunciaron los hechos por "coacciones graves y contra la inviolabilidad domiciliaria". Pero el juzgado número 9 de Barcelona la archivó sin dictar investigación. Queda pendiente que la Audiencia de Barcelona resuelva el recurso de apelación que presentó la CUP al conocer el cierre del caso.
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