Rivera justifica los pactos a dos bandas de C's por sentido de Estado

Ciudadanos ha facilitado que el PSOE siga gobernando en Andalucía más de tres décadas después de que entrara en la Junta y todo apunta a que permitirá que el PP continúe al frente de la Comunidad de Madrid, poder que ostenta desde que Alberto Ruiz Gallardón se alzara con él en 1995. Sin embargo, Albert Rivera se mantuvo ayer firme en lo de la «regeneración democrática» y aseguró que las condiciones que ha impuesto su partido han hecho cambiar a unos socialistas y populares «deteriorados». También afirmó que era más fácil quedarse «en el rincón de la queja» y justificó que si han pactado a dos bandas es porque «se acabó lo de rojos y azules». Todo lo han hecho, adujo, para actuar «como partido de Estado» y contribuir «desde la oposición» a que las instituciones puedan «ponerse a trabajar».

La Rioja, Murcia y el País Valencià (en este último con menos opciones) son otras zonas donde Ciudadanos puede negociar con los partidos tradicionales, pero Andalucía y Madrid eran las plazas más jugosas. Especialmente en materia anticorrupción, Rivera aseguró que se ha planteado un pliego de medidas de carácter «general» para todas las autonomías y desgranó las iniciativas que para él son las más novedosas, que se dividen en tres grandes bloques ya suscritos por el PSOE-A.

El primero trata de la «regeneración democrática» e incluye actuaciones como limitar los mandatos presidenciales a ocho años, eliminar los aforamientos de los diputados, impulsar las listas abiertas en las elecciones y primarias en los partidos y obligar a dimitir a los diputados imputados por corrupción. Para aplicar algunas de estas propuestas, admitió Rivera, es necesario modificar el Estatuto de Andalucía e incluso en algunas debería ser el Congreso el que diera el visto bueno, lo que no asegura, por tanto, que acaben viendo la luz. En cuanto al tema de los imputados, el líder de Ciudadanos negó que haya «cedido» al permitir que Manuel Chaves y José Antonio Griñán sigan como diputado y senador. Nada más resuelva el Tribunal Supremo sobre si siguen imputados o no, la presidenta Susana Díaz deberá actuar, se jactó.

LA ASAMBLEA MADRILEÑA

También dejó entrever Rivera que la alianza con Cristina Cifuentes para que gobierne en la Comunidad de Madrid está muy encarrilada. Y la dirigente del PP lo confirmó por la tarde. Solo quedan «algunas diferencias y discrepancias por matizar», comentó. La limitación de mandatos y las primarias en los partidos son los principales escollos para un acuerdo que, como  en el caso de Andalucía, tendrá una segunda pata: las medidas económicas. Sobre estas, Ciudadanos ha pactado con Díaz rebajar el tramo autonómico del IRPF entre un 2% y un 5%, reducir los cargos de confianza  y reformar el servicio de ocupación. Y ahí sí que el líder del partido naranja puso una fecha: en los presupuestos del 2016 deberían incluirse muchas de estas iniciativas. Lo que no mencionó sobre la carpeta económica, aunque a preguntas de los periodistas sí tuvo que hacer referencia a ello, fue que en este bloque se incluye la «implantación de oficinas de apoyo a las empresas exportadoras en los 40 principales centros de la economía mundial».

Esta medida tiene una especial relevancia sobre todo en Catalunya, ya que Ciutadans siempre ha atacado con contundencia al Govern de Artur Mas por abrir «embajadas» y ha insistido en que la política exterior era cosa del Gobierno central. En un intento de justificarse, Rivera alegó que lo que se plantea en la Junta son «delegaciones de exportaciones», que no «embajadas», y remató su argumentación proclamando que allí «no habrá funcionarios trabajando por la independencia» de Andalucía.

MOCIÓN DE CENSURA

Finalmente, en la tercera parte del acuerdo con el PSOE-A, el líder del partido naranja destacó que se harán proyectos para mejorar la educación y la sanidad pública. También explicó que habrá «auditorías» como mínimo una vez al año para evaluar el cumplimiento de las medidas y lanzó un aviso a Díaz: si lo suscrito queda en agua de borrajas, siempre se puede promover una «moción de censura».