Torra acatará la orden de retirar los lazos amarillos pero busca un símbolo alternativo

"Nos hace falta política, mucha política, políticas públicas, huir de la tentación de llevar la política al Código Penal" exclamaba ayer el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Se le entendió todo. Unas horas antes, en el Parlament, 'comuns' y PSC le pedían al 'president' Quim Torra que gobierne de una vez y afronte retos como el ecológico o que se someta a una cuestión de confianza. Y eso era antes de saberse que el Govern ha tergiversado el papel del Síndic en la polemica de los lazos amarillos para mantener viva la controversia y negarse de entrada a ejecutar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirada de lazos y 'estelades' de los edificios públicos para garantizar la neutralidad en campaña electoral.

Un Govern no unido

Una polémica que con toda probabilidad acabará con una decisión que más de uno en el Govern reclamaba a Torra desde la semana pasada: obedeciendo. De forma imaginativa, probablemente. Pero obedeciendo. Eso sí, mientras tanto, y según fuentes consultadas, se trataba de "jugar las armas" de las que se disponía y mostrar que mientras la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retiraba de inmediato el lazo, Torra se resistía. "Se trata de evitar aparecer ante los 'hiperventilados' como un Govern que se baja los pantalones, sin por ello llegar a jugarse una inhabilitación" -en palabras de un miembro del Govern- o "jugar al gato y al ratón en el filo de la navaja", según otro miembro del Consell Executiu consultado al respeto. Un tercer miembro del Govern consultado admitía ayer en el Parlament: "Se trata de ir por fases, en la primera mantienes el pulso, la segunda consiste en dar una respuesta imaginativa". Existen ejemplos no lejanos de alcaldes independentistas alegando que no podían colocar la bandera española porque el edificio estaba en obras. Es decir, que se puede hablar de imaginación o directamente de burla o de intento de trolear las decisiones.

Torra desobedece a la Junta Electoral y mantiene los lazos amarillos

Una respuesta que podía consistir en mantener la pancarta del Palau salvo la parte con el lazo amarillo. Mil opciones. Pero no. Torra había decidido que no quería ceder a las primeras de cambio. "No hacemos como Ada Colau, que enseguida retira el lazo", apuntan en el entorno. Mientras, ERC se lo miraba todo con una distancia discreta. Sin exhibir discrepancia pero sin compartir en absoluto que esta polémica simbólica -que ha alimentado estos días sin duda y por igula al discurso del soberanismo más radical y la contundencia unionista de Ciutadans, en plena precampaña-, los republicanos han mantenido silencio. De cara al público, se aseguraba que no había discrepancia.

Ribo rompe la baraja

La estrategia corría, pues, a cargo de Torra en solitario. Y hasta este miércoles se aguantaba en pie porque la Junta Electoral no había tomado una decisión. Pero compareció el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunciando no sólo que recomienda cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central y quitar los lazos amarillos y estelades de los edificios públicos en período electoral para garantizar la neutralidad institucional, sino que ya hizo llegar esta recomendación por escrito, por iniciativa propia, el pasado viernes a Torra. Ante la llamada del 'president' pidiendole aclaraciones, la nota no se hizo pública hasta este miércoles, cuando se ha divulgado la nota y las aclaraciones enviadas este miércoles al 'president'. En cambio, este martes la portavoz del Govern, aseguraba que era Torra quien había pedido el informe y que lo acataría. Este mismo miércoles, en SER Catalunya, Artadi afirmaba: "Yo no sé lo que dirá el Síndic". El 'president' lo sabía desde el viernes y lo ocultó.

En concreto, el informe sugiere al Govern adoptar "las medidas oportunas" para cumplir la órden de la Junta Electoral Central. Ribó ha querido aclarar que en resoluciones previas, ha defendido la libertad de expresión en la exhibición de símbolos como los lazos amarillos o las 'estelades' fuera del período electoral. Ribó defendió con vehemencia la libertad de expresion incluso en las instituciones siempre que no atenten a derechos democráticos y a la convivencia y fuera del período electoral.

Jugar al límite

A la espera de saber cuando se quitan los lazos, la polémica ha servido a Torra para mantener el enésimo enfrentamiento dialéctico con Inés Arrimadas. Y para evidenciar lo que en el Palau se asume: que una vez más, probablemente, no habrá desobediencia sino que se juega al límite por parte de un 'president' que intenta marcar perfil propio entre los suyos. No hubo desobediencia de los altos cargos cuando se aplicó el 155. No la hubo cuando el Tribunal Constitucional (TC) decidió que no se podía investir al 'expresident' Puigdemont a distancia. Ni cuando se pretendía nombrar a los 'consellers' procesados. Ni cuando Torra prometió que se aplicarían todas las leyes sociales suspendidas por el TC (se pactó con el Gobierno restituir casi del todo la de vivienda y pobreza energética, y solo cuatro -de la docena que están suspendidas- están en trámite de llegar al Parlament pero modificadas).