El PP reforzará el TC para que pueda suspender a Mas

Aunque en público intentan restarle importancia, el Gobierno y el PP observan con verdadera preocupación la posibilidad de que las opciones independentistas obtengan una mayoría holgada el 27-S27-S e intenten llevar adelante sus planes secesionistas. De ahí que este martes, a 10 días del comienzo de la campaña, el PP registrara una iniciativa para "reforzar" al Tribunal Constitucional (TC) y que este pueda hacer cumplir sus fallos de forma efectiva. Una reforma exprés que estará lista en octubre encaminada a frenar a Artur Mas y dificultar que este pueda promover una declaración unilateral de independencia, si no quiere ser inhabilitado por el camino. El Govern calificó este martes de "electoralista" la propuesta y puso en duda su legalidad.

Para ello, el PP registró una proposición de ley que faculta al alto tribunal "a imponer multas coercitivas -que oscilarán entre 3.000 y 30.000 euros-, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o a encomendar al Gobierno, aun en funciones, la ejecución sustitutoria", según reza la exposición de motivos. El articulado establece además que los jueces podrán recabar "el auxilio de cualquiera de las administraciones" para garantizar la efectividad de sus resoluciones "con carácter preferente y urgente". Y es que, en los procedimientos ordinarios, la autoridad que presuntamente desobedezca al TC podrá presentar en su defensa un "informe".

Pero cuando concurran "circunstancias de especial trascendencia", como sería una declaración de independencia, el Constitucional podrá adoptar las "medidas de ejecución necesarias" sin oír a los presuntos autores del desacato. En el plazo de tres días, eso sí, les dará audiencia, así como al fiscal, y entonces confirmará o revocará sus sanciones.

LA OPCIÓN DEL ARTÍCULO 155, MUY COMPLICADA

El PP vivió con gran tensión la celebración de la consulta el 9-N y durante meses en su seno se ha discutido cuál era la mejor fórmula para frenar a Mas, visto que este consiguió burlar al TC y poner las urnas en la calle, una actitud que el alto tribunal no pudo del todo impedir y que está pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Finalmente ha optado por rearmar al Constitucional y que sean los jueces los que en última instancia tomen la palabra, dado que la opción de recurrir al artículo 155 de la Constitución para recuperar competencias autonómicas, según reconocen dirigentes populares, es "tremendamente complicada". La iniciativa se ha fraguado en secreto y se registró el último día con posibilidad de que salga adelante en esta legislatura. Los populares preven aprobarla en el Congreso el 29 de septiembre y en el Senado en torno al 13 de octubre, sin que un cambio legal de tanto calado pase por los órganos consultivos o sea debatido con calma.

El PP ha optado además por usar la reforma como munición electoral, de ahí que su candidato, Xavier García Albiol, se desplazase a Madrid para presentarla junto al portavoz en el Congreso, Rafael Hernando. Albiol proclamó que el cambio legal "evidencia que nadie va a proclamar la independencia" y que "la broma se ha terminado". Pese a su pronóstico, conservadores de peso reconocían este martes en privado que quizá la iniciativa tenga un "efecto bumerán" y movilice más independentistas que votos para el PP.

"CATALUNYA NO ES UNA BROMA"

Al Govern este martes le faltó tiempo para contraatacar acusando al Ejecutivo del PP de usar de nuevo la "represión, amenaza y miedo", según denunció la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté.

A la espera de un análisis jurídico más detallado de la propuesta del PP, Munté puso en duda que la iniciativa pasara el propio filtro del Constitucional, porque podría suponer "una clara vulneración de la defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva". También censuró la premura con la que los populares han presentado la reforma del órgano constitucional.

Munté compareció con datos sobre el brazo respecto a los incumplimientos de resoluciones del TC por parte del Gobierno del PP. Once en los últimos ocho años, según la Generalitat, que cita casos como el incumplimiento del reparto por comunidades autónomas de los fondos que el Estado recauda a través de las aportaciones a ONG en la declaración de la renta. "Catalunya no es ninguna broma", exclamó la vicepresidenta en respuesta a las declaraciones de García Albiol en un acto, dijo, "electoral utilizando los instrumentos del Estado".