Radiografía al desafío

La resolución que hoy se aprobará en el Parlament marca un punto de inflexión en el conflicto entre Catalunya y el Estado. Estas son las claves del documento y sus posibles consecuencias.

Orígen. La coalición Junts pel Sí llevaba en su programa del 27-S un plan independentista en 18 meses cuyo primer punto era la declaración de inicio del proceso, sin incluir en ella cuestiones como la desobediencia inmediata al Constitucional. La CUP, en su programa, plantea una «ruptura inmediata» en el marco de un proceso constituyente unilateral, pero tras los resultados anunció que el 48% de votos independentistas no permitían una declaración unilateral en esta legislatura.

El contenido. Se trata de una resolución presentada por vía de urgencia. Dividida en nueve puntos y un anexo, proclama el inicio del proceso de creación del Estado catalán y de un proceso constituyente. Hasta ahí lo previsto por JxSí. Pero el texto va más allá: insta al Govern (que está en funciones) a obedecer sólo los mandatos del Parlament, que dejará de supeditarse a las decisiones de las instituciones españolas y en particular del Constitucional. Y en un anexo se detallan áreas sociales donde se desobedecerá al Estado: reforma de la administración local, pobreza energética y educación, entre otras.

Análisis del contenido. Una lingüista consultada concluye que parece un documento escrito deprisa. Incluye conceptos todavía no aceptados normativamente como «empoderament» y frases como «que puguin estar afectats» cuando sería más apropiado «que es puguin veure afectats».

Precedentes. El Parlament ha votado varias veces a favor del derecho de autodeterminación desde 1980. Pero el precedente más parecido a la ruptura explícita de hoy es la declaración de soberanía de enero del 2013. Un texto mucho más prudente. Define, sí, a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano» y habla de «iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir», pero en ningún caso llama a desobedecer leyes estatales. El Constitucional sentenció que este texto es ilegal pero en la resolución apeló doce veces al diálogo y recordó que existe el canal de la reforma de la Carta Magna. Es improbable que la sentencia que anulará el texto de hoy use un lenguaje tan amable.

Análisis político. «Dado que los partidos soberanistas no se ponen de acuerdo para formar Govern y elegir president, han de intentar trasmitir que avanzan en otros frentes. No es la resolución que hubiera hecho JxSí, nadie en esa casa la siente del todo suya, se han visto obligados», afirma el experto en comunicación política Toni Aira. «Es una huida hacia adelante porque no hay valentía política para asumir que en Catalunya hay un empate respecto a la cuestión independentista», opina el periodista Joan Tapia.

Efectos internos. Buena parte de los miembros del Govern en funciones discrepa del texto porque no se ha obtenido a cambio el apoyo de la CUP a Mas y porque representa un desafío a la legalidad. Ciutadans, PSC y el PP han instado ya al TC, los dos primeros incluso para que suspenda la votación de hoy. Catalunya Sí que es Pot también rechaza el texto y ha presentado otro alternativo.

Efectos legales. Incluso los juristas de perfil más soberanista no dudan de la abierta inconstitucionalidad del documento. La cuestión es hasta qué punto el TC usará las nuevas atribuciones que el Gobierno le ha dado (con una ley también urgente) para inhabilitar, por ejemplo, a quien haga caso del texto tras su segura anulación. Por ejemplo, presentado las tres leyes que anuncia la resolución de hoy.

Efectos externos. El Gobierno de Rajoy ha amenazado con usar todos sus resortes legales. Mano dura en plena precampaña, apuntando a la presidenta del Parlament. «Entramos en una dimensión desconocida», concluyen los juristas.

La paradoja. El Govern que poromete desacatar al TC sigue pidiendo el amparo de este organismo estas semanas para que defienda a la Generalitat en conflictos de competencias con el Estado.