Pujol, familia o Govern

En el debate sobre si el caso Pujol  pertenece solo al «ámbito privado y familiar», como defendía el pasado martes el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o se trata de un asunto político capital que afecta a las instituciones de autogobierno, la primera posición va quedado cada vez más en minoría. La mayoría de partidos parlamentarios catalanes ya se han puesto de acuerdo en exigir que Jordi Pujol comparezca ante la comisión de Afers Institucionals del Parlament, y ahora aumentan las reclamaciones de ir más allá y crear una comisión de investigación. Ayer volvió insistir sobre este punto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien añadió, en Mojácar, que este caso «tiene muchas dudas y sombras que deben esclarecer Pujol y también su partido y CiU».

El más contundente fue el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, que exigió a Mas que «presente una acusación particular contra Jordi Pujol y la familia Pujol Ferrusola por el daño que han hecho a la institución de la Generalitat y para aclarar lo que ha hecho el clan Pujol». En declaraciones a Europa Press, Herrera pidió un papel activo del Govern en este tema: «No puede ser que el Govern de Mas trate a Pujol y a su familia como a uno de los suyos», advirtió.

El dirigente ecosocialista explicó que si el Govern no da el paso, ICV estudiará la posibilidad de personarse en la causa, en solitario o con otras plataformas.

De momento, la única organización que está en el proceso es el seudosindicato Manos Limpias, que ya ha conseguido los 6.000 euros de fianza que le reclamó la juez para querellarse contra el matrimonio Pujol-Ferrusola. El presidente de esta entidad, Miguel Bernad, pedirá a la juez de Barcelona que lleva el caso sobre el origen del patrimonio de Jordi Pujol y la ocultación durante 34 años de una parte de la herencia de su padre que le retire el pasaporte cuando vaya a declarar, para impedir su salida al extranjero. Manos Limpias quiere incluir en la querella que se investigue su posible implicación en el supuesto cobro de comisiones ilegales en las adjudicaciones de obras de la Generalitat.

Al mismo tiempo que los políticos de la oposición reclaman más contundencia con Pujol, cada día aparecen informaciones sobre los presuntos negocios irregulares de alguno de sus hijos, aunque en general se trata solo de dar otra vuelta al informe de la unidad de la Policía Nacional contra los delitos económicos y fiscales (UDEF) que ha servido de base al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para imputar por posible blanqueo de dinero a Jordi Pujol Ferrusola y a Mercè Gironès.

Sobre este aspecto, el presidente de CiU en el Parlament, Jordi Turull, reclamó ayer a la justicia que actúe con «celeridad y determinación», sobre todo en el caso del expresident Pujol. Es necesario que se llegue hasta el final, recalcó, pero evitando que el caso se eternice en el tiempo porque entonces «se acaba sentenciando antes de que salga la sentencia». Turull se mostró confiado en que Pujol comparecerá en el Parlament.

Anticorrupción, rápida

La petición de celeridad de Turull a la justicia parece no tener en cuenta la rapidez con la que actuó la Fiscalía Anticorrupción, que a las pocas horas de recibir el encargo de la juez de instrucción de Barcelona de abrir diligencias reclamó varias comisiones rogatorias a Andorra y Suiza para conocer el patrimonio de la familia Pujol y también el historial fiscal de todo el clan.

Respecto al origen del caso, el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, señaló ayer que la confesión de Jordi Pujol sobre sus fondos ocultos no fue espontánea, sino «obligada por las investigaciones de Hacienda y la policía que estaban abiertas».

En el frente político, Premià de Dalt ya ha convocado a la comisión que ha de decidir si retira los honores y la estatua que la ciudad tiene  dedicada a Jordi Pujol.